Memoria y política

Este año se cumplen 90 años del inicio de la Guerra Civil española y de la constitución del primer Gobierno Vasco. La memoria, nunca es una reproducción neutral u objetiva del pasado, toda memoria implica una selección y reinterpretación condicionada por las necesidades del presente. Por ello, también es un campo de batalla político en el que actúan los diferentes actores políticos.

El PSOE, por ejemplo, el pasado otoño impulsó la campaña España en Libertad, con motivo del 50º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. Para ello, el Gobierno de España promovió decenas de actos conmemorativos, un portal web y la serie documental emitida por RTVE La conquista de la democracia, en la que participó Nicolás Sartorius, quien fuera dirigente del PCE. Es probable que este verano el Partido Socialista vuelva a actuar de manera similar, ya que, en un contexto marcado por el auge de la extrema derecha y la debilidad del Ejecutivo, necesita reforzar la legitimidad del gobierno progresista de coalición.

El PNV, por su parte, este año pondrá en marcha una campaña institucional a través del Gobierno Vasco. Para conmemorar el aniversario ha organizado un programa con más de cuarenta actos, entre los que se incluye un partido de la Selección Vasca de fútbol. Asimismo, ha declarado el 7 de octubre como festivo oficial en la Comunidad Autónoma Vasca. En opinión del lehendakari Imanol Pradales, José Antonio Agirre fue un "faro moral y político" y un modelo frente a "las nuevas formas de populismo y autoritarismo".

Sin embargo, las propuestas de EH Bildu han sido las que más polémica han generado. La coalición soberanista ha reivindicado el legado del lehendakari Agirre y ha propuesto al Parlamento Vasco que el aeropuerto de Loiu pase a llamarse Aeropuerto Lehendakari José Antonio Agirre. Asimismo, tomando como referencia el modelo del Gobierno de Agirre, ha planteado la formación de un gobierno "de amplio espectro" con el objetivo de construir un "muro antifascista". Las encuestas apuntan a que EH Bildu tiene posibilidades de ganar las próximas elecciones en la Comunidad Autónoma Vasca. Por ello, ante una eventual entrada en el Gobierno Vasco, está tanteando la posición de quienes podrían convertirse en sus futuros socios. Hasta ahora, la aritmética electoral ha permitido que PNV y PSE-EE formen gobierno sin necesidad del apoyo de EH Bildu, pero esta situación podría cambiar pronto. En estos momentos, el PNV observa con preocupación la posibilidad de un sorpasso de EH Bildu y, por esa razón, por ahora se muestra reacio y ha rechazado la propuesta.

El golpe de Estado y el inicio de la guerra

Desde el inicio del siglo XIX, el desarrollo del capitalismo había agudizado las contradicciones entre el proletariado y las clases propietarias. Durante la Segunda República esas tensiones alcanzaron su punto culminante. Se esperaba que la Ley de Reforma Agraria de 1932 satisficiera las demandas del campesinado pobre, así como, que la nueva legislación laboral mejorara la capacidad negociadora del proletariado industrial para conseguir mejores condiciones de vida y de trabajo. Sin embargo, el movimiento obrero criticaba la lentitud y la insuficiente profundidad de aquellas reformas y reivindicaba la necesidad de una revolución, como quedó patente en la huelga campesina de junio de 1934 y en la revolución de octubre de ese mismo año, finalmente aplastada. La burguesía industrial, los grandes terratenientes y los banqueros interpretaron la creciente polarización como una amenaza a sus intereses económicos y, tomando como referencia la Alemania nazi y la Italia fascista, consideraron aceptable una salida de carácter totalitario. El objetivo de los golpistas era salvaguardar los intereses económicos de las clases propietarias: mediante un golpe de Estado rápido pretendían detener el programa reformista de la República y eliminar el potencial revolucionario del movimiento obrero. En este contexto, la burguesía participó activamente en la conspiración militar y financió el golpe. Así, por ejemplo, los principales banqueros vizcaínos financiaron desde 1933 a las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista), organización de carácter fascista que en 1934 se fusionó con Falange Española dando lugar a Falange Española de las JONS (FE de las JONS).

La dirección militar de la conspiración recayó en buena medida sobre generales formados en el Ejército de África, conocidos como "africanistas". Como ha señalado el historiador Sebastián Balfour, la guerra colonial en Marruecos contribuyó a forjar una cultura militar basada en el autoritarismo y la violencia extrema contra la población civil. No resulta casual, por ello, que los días 17 y 18 de julio de 1936 fueran precisamente las tropas acantonadas en el Protectorado de Marruecos las primeras en sublevarse contra la República y en trasladar posteriormente a la Península los métodos de guerra y las prácticas represivas desarrolladas durante la campaña colonial.

Del mismo modo, los golpistas pretendían eliminar por completo los derechos de las naciones oprimidas, pues representaban la expresión más dura del nacionalismo español. Su propósito era imponer una concepción centralista e imperial del Estado que implicaba relegar y erradicar cualquier manifestación nacional o cultural de los pueblos oprimidos bajo el Estado español, también en Euskal Herria.

Los golpistas contaron con el apoyo de todas las fuerzas reaccionarias existentes en la Península. Sin embargo, el golpe de Estado fracasó en sus objetivos iniciales. El Gobierno republicano actuó con irresponsabilidad, ya que no respondió de forma eficaz y su estructura institucional terminó colapsando. El PNV, por el contrario, mantuvo en un primer momento una calculada ambigüedad y dentro del partido coexistieron posiciones diferentes. En cualquier caso, los golpistas solo lograron controlar el mundo rural y las regiones más conservadoras, mientras que fracasaron en las grandes ciudades. Temerosas de la creciente polarización social, las autoridades republicanas negaron el acceso a las armas de fuego a los sindicatos y a la clase trabajadora. Aun así, pese a estar mal armada, ésta consiguió hacer frente a los golpistas, de modo que el rápido golpe de Estado previsto por los conspiradores desembocó en una larga guerra civil. En algunos de los territorios que permanecieron bajo control republicano, especialmente en Aragón y Cataluña, el vacío de poder dio lugar al inicio de un proceso revolucionario. Los campesinos colectivizaron las tierras, los trabajadores asumieron el control de numerosas industrias y se organizaron milicias populares antifascistas para combatir a los sublevados.

Euskal Herria fue uno de los principales pilares de la conspiración, ya que la derecha españolista reaccionaria contaba con un amplio arraigo social y electoral, especialmente en Araba y Nafarroa, aunque también en las otras dos provincias. Como ya se ha señalado, las fuerzas reaccionarias disponían del respaldo económico de la burguesía de Neguri. Asimismo, el periodista Raimundo García —conocido por el seudónimo de Garcilaso y director del Diario de Navarra— desempeñó un papel fundamental como intermediario entre el general Emilio Mola y el carlismo, mientras que los miles de requetés que se alistaron como voluntarios aseguraron el éxito inicial de los golpistas

Sin embargo, cuando se conoció la noticia del golpe de Estado, se produjeron diversos intentos de resistencia, por ejemplo en Gasteiz y en algunos municipios de la Ribera, como Lodosa. En Altsasu, por el contrario, la mayoría de la población era de izquierdas, pero al comprobar que carecían de armas para defender la localidad, unas 350 personas huyeron hacia la comarca guipuzcoana del Goierri con el propósito de incorporarse desde allí a la resistencia. Fue precisamente en Gipuzkoa donde se desarrollaron los enfrentamientos más graves. El 20 de julio se organizó una columna formada por milicias del movimiento obrero y fuerzas de seguridad leales a la República, que partió con el objetivo de liberar Gasteiz de manos de los golpistas. Sin embargo, el 21 de julio el cuartel de Loyola se sublevó en favor de los golpistas. La columna tuvo que dar media vuelta y, tras intensos tiroteos y duros combates en las calles de Donostia, los sublevados fueron finalmente derrotados el 27 de julio.

Durante las semanas siguientes, las fuerzas reaccionarias lanzaron una ofensiva desde Araba y Nafarroa contra Gipuzkoa y Bizkaia. La frontera del Bidasoa era estratégica para la República, ya que a través de ella podía recibir apoyo y suministros. No obstante, la férrea resistencia organizada por milicianos anarquistas y comunistas no fue suficiente, e Irún cayó en manos de los fascistas el 5 de septiembre. La escasez de suministros y la falta de organización obligaron a las fuerzas republicanas a replegarse, y la mayor parte de Gipuzkoa fue conquistada en muy poco tiempo, hasta que el frente quedó estabilizado en octubre en el monte Intxorta, en Elgeta. Fue en ese difícil contexto cuando se constituyó el primer Gobierno Autónomo de Euzkadi.

El primer Gobierno Vasco

Una vez disipadas las dudas iniciales, el PNV terminó alineándose con la República, después de que ésta le prometiera la constitución de un Gobierno Autónomo. Como resultado de ese acuerdo, el 7 de octubre se formó un gobierno de concentración presidido por José Antonio Agirre, del PNV. Aquel gobierno tuvo que hacer frente a enormes dificultades desde el primer momento. Solo controlaba Bizkaia, el norte de Araba y algunos municipios del oeste de Gipuzkoa y, además, sufría graves problemas de abastecimiento debido a su aislamiento geográfico, de hecho, funcionó como un territorio cuasiindependiente. El Gobierno Vasco asumió la organización del Ejército Vasco (Euzko Gudarostea) y la defensa del territorio.

Aunque formalmente se trataba de un gobierno de concentración, en la práctica predominó el programa moderado del PNV y el movimiento obrero quedó subordinado a su dirección. Sus principales objetivos durante la guerra fueron mantener el orden social y proteger tanto la propiedad privada como la industria vasca. Por ello, en Euskal Herria no se produjeron procesos de colectivización ni experiencias revolucionarias comparables a las de otros territorios, con la única excepción de la breve experiencia de la denominada Comuna de Donostia. Además, los sectores más radicales del movimiento obrero quedaron excluidos del Gobierno Vasco, ya que no se permitió la participación de los anarquistas de la CNT. Del mismo modo, el Gobierno de Agirre se encargó de mantener el orden público bajo control. A diferencia de lo sucedido en otras zonas de la República, en Euskal Herria no se produjeron ataques contra iglesias ni contra miembros del clero. Asimismo, el gobierno trató de impedir los linchamientos motivados por la ira y la sed de venganza tras los bombardeos, aunque no siempre lo consiguió. En enero de 1937, tras un bombardeo sobre Bilbo, una multitud enfurecida asaltó las cárceles y asesinó a más de doscientos presos de derechas.

A nivel internacional el Gobierno Vasco proyectó una imagen intencionadamente moderada, a distancia del modelo de colectivizaciones que había triunfado en otros territorios republicanos. Así, frente al establecimiento de milicias y comités y la colectivización de tierras, transportes y fábricas, el Gobierno Vasco aparecía como un actor fiable, inspirado en los valores católicos y del lado del orden social y la defensa de la propiedad privada. Con ello pretendía auyentar el temor a la revolución social y obtener el respaldo de las democracias liberales, especialmente de Francia y del Reino Unido. Esa estrategia coincidía con la política de Frentes Populares defendida por la Unión Soviética y el PCE, que proponían alianzas antifascistas e interclasistas. La figura de Agirre resultaba especialmente adecuada para ese propósito, ya que representaba una opción de centro-derecha y de inspiración católica. Sin embargo, la esperada ayuda internacional nunca llegó.

En la primavera de 1937 las tropas franquistas iniciaron la ofensiva sobre Euskadi. Los ataques terrestres y aéreos se intensificaron, produciéndose entonces los conocidos bombardeos de Durango y Gernika. El frente republicano retrocedió y, en junio, tras la traición del ingeniero Alejandro Goikoetxea, cayó el Cinturón de Hierro de Bilbo. Tras la caída de Bilbo, hubo altos cargos del Gobierno Vasco que fueron evacuados hacia Francia, mientras que los combates continuaban.

Durante la retirada, el Gobierno de la República ordenó al Gobierno Vasco destruir las industrias y las infraestructuras de la ría de Bilbo para impedir que cayeran en manos enemigas. Sin embargo, el Gobierno de Agirre desobedeció la orden con el fin de preservar la industria vasca. Como consecuencia, todas aquellas instalaciones quedaron intactas y pasaron a manos de los franquistas, reforzando considerablemente su capacidad militar. En pocas semanas, todo el territorio de Hego Euskal Herria quedó bajo control franquista. El 24 de agosto, los batallones vinculados al PNV alcanzaron un acuerdo con las tropas franquistas en Santoña (Cantabria). No estaban dispuestos a continuar combatiendo fuera del territorio vasco y se rindieron ante las tropas italianas con la esperanza de obtener mejores condiciones de capitulación. Sin embargo, los fascistas incumplieron lo pactado y entregaron a los prisioneros al ejército franquista. Los demás batallones del Euzko Gudarostea, por el contrario, continuaron luchando, primero en el frente norte y, tras su caída, en otros escenarios de la guerra.

Las consecuencias de la guerra

La Guerra Civil española constituyó la expresión más extrema y violenta de la lucha de clases. En los territorios controlados por los sublevados desde el primer momento se puso en marcha una depuración política de carácter genocida. Su objetivo era erradicar física y socialmente al movimiento obrero. En Nafarroa, por ejemplo, aunque no existió un frente de guerra, alrededor de 3.000 personas fueron asesinadas en pocos meses. Según los cálculos del historiador Fernando Mikelarena, uno de cada diez votantes del Frente Popular fue ejecutado. Quienes no fueron asesinados fueron encarcelados, mientras que muchos otros se vieron obligados a emprender el camino del exilio.

Finalizada la guerra, los vencedores instauraron una dictadura que se prolongó durante cuarenta años, siendo la clase trabajadora quien más sufrió sus consecuencias. Todos los partidos y sindicatos de izquierdas fueron prohibidos y se suprimieron por completo los derechos políticos. Además, se creó el Sindicato Vertical con el fin de disciplinar la fuerza de trabajo. Como consecuencia, las condiciones laborales empeoraron y los salarios reales disminuyeron. Del mismo modo, los presos políticos fueron obligados a realizar trabajos forzados, lo que permitió a numerosos empresarios beneficiarse de mano de obra gratuita en multitud de centros de trabajo. Aunque la posguerra fue un período de recesión económica, las grandes empresas acumularon enormes beneficios. El historiador Xavier Domènech ha llegado a definir el franquismo como una "utopía empresarial". La tradición revolucionaria del movimiento obrero en Euskal Herria tenía profundas raíces desde el siglo XIX; sin embargo, la represión franquista impidió su resurgimiento hasta al menos finales de la década de 1960.

Por otra parte, el franquismo intensificó la represión lingüística y nacional sobre Euskal Herria. A Bizkaia y Gipuzkoa, por haberse alineado con la República, se les suprimieron sus instituciones forales. En lo que respecta a la lengua y la cultura vascas, el franquismo puso fin al florecimiento experimentado durante la Segunda República e impuso una dura política represiva.

Asimismo, fue un régimen profundamente machista y misógino que suprimió todos los derechos que las mujeres habían conquistado durante el período republicano. Las mujeres políticamente activas y las familiares de represaliados, sufrieron una doble victimización: No solo fueron encarceladas, fusiladas y torturadas, sino que también padecieron formas específicas de violencia de género, como la violencia sexual, humillaciones públicas y el robo de sus bebés. El objetivo era castigar a quienes habían transgredido el modelo tradicional de feminidad, expulsarlas del espacio público y relegarlas nuevamente al papel de amas de casa subordinadas a la autoridad del marido. Con la colaboración activa de la Iglesia, la dictadura impuso un férreo sistema de control de la moral sustentado en instituciones como el Patronato de Protección a la Mujer y la Sección Femenina de Falange. En Euskal Herria existieron cinco cárceles específicas de mujeres en las que se internó a presas políticas procedentes de todo el Estado.

El antifascismo hoy

Como señalábamos al comienzo de este texto, los partidos institucionales compiten hoy por apropiarse de la figura de José Antonio Agirre y del legado del primer Gobierno Vasco. Cada uno de ellos pretende reivindicar el modelo del gobierno de concentración de 1936 de acuerdo con sus propios intereses partidistas. Ante el auge de la extrema derecha, todos presentan aquel gobierno interclasista como un referente para hacer frente, de una u otra manera, al avance del fascismo.

Sin embargo, esa memoria institucional oculta varios elementos fundamentales. En primer lugar, olvida que quienes lograron frenar el golpe de Estado no fueron las instituciones, sino el movimiento obrero y el proletariado revolucionario. En segundo lugar, diluye el hecho de que el objetivo prioritario de los golpistas no era únicamente destruir la República, sino también aniquilar, mediante la represión, el conflicto de clases y la capacidad de organización del proletariado. Y, por último, silencia la continuidad social existente entre las élites económicas que promovieron el golpe de Estado y la burguesía que se enriqueció durante el franquismo y continúa haciéndolo en la actualidad.

Al igual que hace 90 años, se oculta el carácter de clase del fascismo y de la extrema derecha en nombre de la "defensa de la democracia". Así, se incurre nuevamente en los mismos errores. Los partidos institucionales silencian que tanto el fascismo histórico como la extrema derecha actual son consecuencia de las crisis del capitalismo. Asimismo, olvidan que la democracia liberal-burguesa, más que un muro frente al fascismo, ha sido una de las condiciones que han permitido su desarrollo.

Hace 90 años esa estrategia fracasó. La moderación del Gobierno Vasco y del Gobierno de la República no logró atraer el apoyo de las democracias liberales y, a cambio, la clase trabajadora renunció a su independencia política, facilitando la victoria del fascismo. En parte, resulta comprensible que el PSOE o el PNV quieran reivindicar el ejemplo del primer Gobierno Vasco. Más sorprendente resulta, sin embargo, el caso de EH Bildu, puesto que el gobierno de Agirre fue, de entre todas las experiencias políticas que caracterizaron la Guerra Civil, la más moderada y conservadora de todas.

Nosotros, por el contrario, queremos reivindicar otra memoria; en primer lugar, una memoria que huya del victimismo. Rechazamos el culto a la derrota y, en su lugar, queremos situar la resistencia contra el golpe y el proceso revolucionario que surgió en el centro de nuestra memoria. Quienes tuvieron el coraje de enfrentarse al fascismo siguen siendo hoy una fuente de inspiración para nosotros.

En segundo lugar, reivindicamos la necesidad de una memoria de clase. La democracia y la dictadura no se enfrentaron de manera abstracta. Poner de manifiesto el carácter de clase del fascismo histórico y de la extrema derecha actual es imprescindible para hacer frente de manera efectiva a esa amenaza. La denuncia del fascismo del capitalismo deben ir de la mano. Ya lo decía Bertolt Brecht: "¿Cómo se puede decir la verdad sobre el fascismo, [...], si no se quiere decir nada contra el capitalismo, que lo engendra?".

Por último, queremos una memoria transformadora. Hace noventa años el fascismo persiguió a los militantes revolucionarios del movimiento obrero porque fueron capaces de imaginar un mundo diferente. Nosotros compartimos hoy ese mismo objetivo. Por eso, las luchas de entonces y las de ahora siguen unidas por un mismo hilo.