Los albores del descontento en la tierra prometida

Este artículo aborda la cuestión agraria durante la Segunda República española y las tensiones sociales que surgieron en torno a la reforma del campo español. Para ello, primero se repasará la situación agraria en España durante el primer tercio del siglo XX, marcada por las profundas desigualdades en la distribución de la tierra y la precariedad de amplios sectores campesinos. Posteriormente, se analizarán las limitaciones y consecuencias de la Ley de Reforma Agraria de 1932, así como el creciente protagonismo de sindicatos y organizaciones campesinas en las ocupaciones de tierras y movilizaciones rurales. Finalmente, se plantearán algunas reflexiones sobre el impacto político y social que tuvo el fracaso parcial de la reforma agraria en los años previos a la Guerra Civil española.

Durante la primera mitad del siglo XX, el Estado español fue un territorio eminentemente agrícola, tanto en términos económicos como demográficos. No sería hasta comienzos de la década de 1960, bajo la dictadura franquista y tras el Plan de Estabilización, cuando el capitalismo español impulsaría de forma definitiva (aunque profundamente desigual) su proceso de industrialización. Hasta entonces, el control de la tierra equivalía al control de la principal fuente de riqueza del Estado. Por ello, el régimen de propiedad agraria y los conflictos vinculados al campo ocuparon un lugar central en la vida política y social.

En 1934 el 1,25% de los contribuyentes poseía más del 40% de la riqueza rústica que había sido contabilizada por el catastro

Si en 1900 el 74,8% de la población del Estado era rural, en los treinta años siguientes el porcentaje se mantuvo en 68,8%; es decir, una población activa agraria de unos cuatro millones de trabajadores. Como la agricultura era, con mucho, el sector económico más grande, nos ofrece un microcosmos útil para comprender el rápido paso de la euforia por la llegada de la nueva república en 1931, a un territorio amargamente dividido en 1936.

En el primer tercio del siglo XX, en la cúspide de la estructura agraria se encontraban los grandes propietarios, muchos de ellos absentistas, que delegaban la gestión de sus tierras en arrendatarios o intermediarios encargados de subarrendar parcelas y administrar el trabajo agrícola mediante una combinación de empleados fijos y jornaleros temporales. Por debajo se situaban medianos y pequeños propietarios, seguidos de los arrendatarios campesinos, algunos de los cuales habían sido propietarios antes de verse obligados a vender sus tierras en períodos de crisis. En el escalón más bajo se encontraban los jornaleros rurales, el sector más pobre y vulnerable del campo. Su trabajo dependía de campañas estacionales, especialmente la siega del trigo y la recogida de la aceituna, lo que provocaba largos períodos de desempleo durante buena parte del año. Este sector protagonizó importantes ciclos de sindicalización y conflictividad agraria, especialmente entre 1903-1905, 1918-1920 y 1931-1932.

En cuanto a la propiedad y la distribución de la tierra, España era un país de enormes desigualdades, como puede verse perfectamente sintetizado en el siguiente dato: según el historiador Ricardo Robledo, en 1934 el 1,25% de los contribuyentes poseía más del 40% de la riqueza rústica que había sido contabilizada por el catastro. Además, al ponerse en funcionamiento con la Reforma Agraria el inventario de fincas expropiables, se detectó que 40 propietarios en Andalucía, teniendo en cuenta solo las fincas mayores de 5.000 hectáreas, poseían 600.000 hectáreas, y unas 25 grandes familias poseían la tercera parte de la superficie cultivada de toda Badajoz.

Mientras que durante el siglo XIX las reformas agrarias y los cambios económicos redujeron la desigualdad rural en buena parte del norte de Europa, en las décadas previas a la reforma, España mantuvo elevados niveles de concentración de la tierra y una gran pobreza campesina, especialmente en el centro y el suroeste del país. Desde finales del siglo XIX, amplios sectores de jornaleros sin tierra comenzaron a acercarse a ideologías revolucionarias, primero al anarquismo y posteriormente al socialismo. Las grandes oleadas de huelgas y movilización campesinas de 1903 y el llamado “trienio bolchevique” (1918-1920) reflejaron la creciente organización del movimiento jornalero, aunque ambas rebeliones terminaron siendo reprimidas por el Estado.

La combinación de debilidad institucional y poder local dificultó enormemente la capacidad del Estado republicano para aplicar la reforma agraria y contener la creciente conflictividad social en el campo

Con la proclamación de la Segunda República española, se abrió un período de entusiasmo (o, al menos, de esperanza) entre amplios sectores políticos y sociales. La caída de la monarquía y la instauración de un régimen democrático parecían anunciar el inicio de una profunda etapa de reformas.

Para los republicanos, la República representaba la posibilidad de modernizar el país y democratizar sus estructuras políticas; para los socialistas de la época, suponía un paso intermedio hacia la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Buena parte del movimiento anarquista, sin embargo, recibió el nuevo régimen con escepticismo. Muchas de sus organizaciones consideraban que la República no alteraba de forma sustancial las estructuras económicas y sociales existentes, especialmente en el ámbito agrario, por lo que mantuvieron una posición crítica hacia las instituciones republicanas desde sus primeros años.

La debilidad del Estado durante la Segunda República española respondía a diversos factores estructurales. La neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial impidió el desarrollo de un aparato administrativo moderno comparable al de otras potencias europeas que reforzaron su capacidad de intervención económica y control territorial durante la guerra. A ello se sumaba la persistencia del caciquismo en amplias zonas rurales, donde las élites locales continuaban ejerciendo una fuerte influencia sobre la aplicación efectiva de las políticas gubernamentales. Esta combinación de debilidad institucional y poder local dificultó enormemente la capacidad del Estado republicano para aplicar la Reforma agraria y contener la creciente conflictividad social en el campo.

No tardaron en llegar críticas fundamentadas hacia el nuevo Estado. Esta postura crítica fue impulsada especialmente por sectores del movimiento anarquista a través de publicaciones como Solidaridad Obrera. En su edición del 14 de mayo de 1931, el periódico sostenía que el problema político español no residía únicamente en la forma del Estado (monarquía o república), sino en el propio sistema económico capitalista que lo sustentaba. Aun así, los anarquistas reconocían el fuerte apoyo popular que despertaba el nuevo régimen, llegando a definir la República como “el alma de las multitudes”.

El problema de la tierra y la reforma agraria

La estructura de la propiedad rural presentaba enormes desequilibrios territoriales. En el campo predominaban los extremos: por un lado, pequeñas explotaciones insuficientes para garantizar la subsistencia de muchas familias campesinas; por otro, grandes latifundios que dependían del trabajo constante de jornaleros asalariados. Estas grandes propiedades predominaban especialmente en Andalucía y Extremadura, donde la concentración de tierras y la precariedad jornalera alimentaron una fuerte conflictividad social. En contraste, territorios como Euskal Herria se caracterizaban por una estructura basada en pequeñas propiedades familiares, especialmente en las zonas rurales de Araba y Nafarroa.

La realidad social del campo no podía reducirse únicamente a una división entre grandes terratenientes y jornaleros sin tierra. Entre ambos extremos existía una compleja red de pequeños y medianos propietarios, arrendatarios y campesinos con distintos niveles de dependencia económica. Algunos empleaban ocasionalmente mano de obra asalariada; otros trabajaban parcelas familiares apenas suficientes para subsistir. A ello se sumaban figuras específicas según cada territorio, como los subforeros en Galiza, los rabassaires en Catalunya o los yunteros en Extremadura, campesinos que dependían del acceso temporal a tierras ajenas para mantener sus explotaciones. En el escalón más bajo de esta estructura social se encontraban los jornaleros, sometidos al paro estacional, los bajos salarios y una profunda precariedad económica.

De hecho, el campesino español era uno de los más pobres de Europa. Según los datos que rescata Gutiérrez Bringas, un jornal medio en España no superaba las 5,23 pesetas al día.

La crisis agrícola de 1930 y 1931 reactivó el conflicto rural en el sur del Estado. En este contexto, resultaba difícil que el mercado pudiera absorber las crecientes tensiones provocadas por el aumento del desempleo, la expansión de la sindicalización campesina y las nuevas oportunidades políticas abiertas por el marco republicano, como la libertad de asociación y expresión. Todo ello se desarrollaba, además, en una coyuntura internacional marcada por la crisis económica y el cierre de mercados, que agravaba todavía más la situación del campo español.

La reforma agraria en la España de los años treinta se desarrolló tras la transición de la dictadura de Miguel Primo de Rivera a la Segunda República española en abril de 1931. Las elecciones debilitaron políticamente a las élites terratenientes y favorecieron la formación de una mayoría reformista partidaria de redistribuir la tierra en favor de arrendatarios y jornaleros. En este contexto, la Constitución de 1931 estableció que “la riqueza nacional debía subordinarse al interés general” y reconoció la posibilidad de socializar la propiedad.

El campesino español era uno de los más pobres de Europa: un jornal medio en España no superaba las 5,23 pesetas al día

El Gobierno de la Segunda República comenzó a elaborar una Ley de Reforma Agraria que, tras un largo debate parlamentario, fue finalmente aprobada en septiembre de 1932, siguiendo una tendencia similar a la de otros países europeos del período de entreguerras.

La reforma agraria republicana contemplaba indemnizaciones para los propietarios expropiados, generalmente mediante una combinación de pagos en efectivo y bonos del Estado. Este sistema elevó enormemente el coste económico de la reforma y ralentizó todavía más su aplicación. El único sector realmente amenazado por la ley fue el de las grandes familias nobiliarias, cuyos latifundios podían ser expropiados sin compensación. Sin embargo, numerosos historiadores consideran que esta medida tuvo un impacto limitado, ya que muchas familias aristocráticas habían comenzado a desprenderse de parte de sus propiedades rurales antes de la década de 1930 y habían trasladado su riqueza hacia otros sectores económicos.

La escasez de tierras nobiliarias realmente expropiables y el elevado coste del sistema de indemnizaciones provocaron que la redistribución de tierras avanzara de forma prácticamente insignificante durante los primeros años de la reforma. A finales de 1934, solo unas 8.600 familias se habían asentado en propiedades expropiadas en el conjunto de las provincias afectadas, y en algunas de las regiones más castigadas por el problema agrario, la cifra apenas alcanzaba el millar de familias campesinas.

Fuente: Gutiérrez Bringas (1997)

La Ley de Reforma Agraria de 1932 evidenció las limitaciones del propio Estado republicano. Aunque muchos republicanos concebían la reforma como una solución al desempleo rural y a la pobreza campesina agravada por la crisis económica, pronto quedó claro que la Administración carecía incluso de información básica sobre la estructura real de los latifundios y las posibilidades efectivas de redistribución.

El Gobierno desconocía cuánta tierra podía expropiarse realmente y cuántas familias necesitaban asentamiento

El Gobierno desconocía cuánta tierra podía expropiarse realmente y cuántas familias necesitaban asentamiento. Además, muchos grandes cultivos ya estaban siendo explotados de forma relativamente eficiente y las limitaciones del secano dificultaban aumentar la producción sin grandes inversiones en regadío.

A raíz del descontento generado por la reforma, ya en 1932 aparecieron las primeras protestas serias, con una base más insurreccional que organizada, a lo largo de diferentes territorios. En un contexto de creciente conflictividad obrera y campesina, el enero de ese año estuvo marcado por huelgas y levantamientos reprimidos con dureza por las fuerzas del orden en distintos puntos del Estado.

El episodio más significativo tuvo lugar en el Alto Llobregat y Cardoner, donde el 18 de enero los mineros iniciaron una huelga que derivó rápidamente en una insurrección extendida por varias localidades de la zona. Según las historiadoras Cristina Borderías y Mercedes Vilanova, las movilizaciones respondían tanto a las duras condiciones laborales y la falta de seguridad en las minas como al incumplimiento de acuerdos laborales y a las limitaciones que muchos trabajadores seguían encontrando para ejercer plenamente los derechos de reunión y asociación bajo el nuevo régimen republicano.

Mientras esto sucedía en Barcelona, en localidades mineras como Fígols, Cardona, Berga, Sallent o Súria los huelguistas cerraron comercios, ocuparon ayuntamientos y proclamaron el comunismo libertario. En una decena de municipios llegó a ondear la bandera rojinegra anarquista. La respuesta del Gobierno fue inmediata: el ejército fue enviado a la zona para sofocar la insurrección y restablecer el orden. La represión posterior incluyó decenas de detenciones, despidos masivos de mineros, cierres de locales de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) y la prohibición de parte de su prensa.

Para sectores del movimiento libertario, aquellos sucesos representaron “el primer intento serio de revolución social en España”, en palabras de Federica Montseny. El fracaso de la insurrección abrió, además, un intenso debate interno dentro de la CNT sobre las responsabilidades del levantamiento y el rumbo de la organización. La represión del Gobierno agravó todavía más la situación: más de un centenar de militantes cenetistas fueron detenidos y deportados en el vapor Buenos Aires hacia los territorios coloniales españoles en África. Entre ellos se encontraban destacados militantes anarquistas como Buenaventura Durruti y los hermanos Francisco Ascaso y Domingo Ascaso.

En enero del siguiente año, 1933, la conflictividad social volvió a intensificarse, aunque esta vez con un mayor grado de organización por parte de la CNT. A diferencia de las insurrecciones espontáneas de 1932, ahora la estrategia consistía en transformar una huelga obrera en un movimiento revolucionario de mayor alcance. El conflicto surgió tras el rechazo del ministro socialista Indalecio Prieto de las reivindicaciones planteadas por los ferroviarios cenetistas agrupados en la Federación Nacional de la Industria Ferroviaria (FNIF). Los sectores anarquistas consideraban que la represión estatal contra la huelga empujaría inevitablemente a los trabajadores hacia la insurrección para evitar ser derrotados, convirtiendo así el conflicto laboral en un enfrentamiento político y social de carácter revolucionario.

Sin embargo, el intento fracasó rápidamente. La supuesta situación “revolucionaria” defendida por sectores cenetistas no se correspondía con la realidad social del momento. La huelga ferroviaria que debía desencadenar la insurrección nunca llegó a consolidarse debido a la falta de apoyo mayoritario entre los trabajadores, profundamente divididos incluso dentro de la propia federación cenetista. Además, la estrategia negociadora impulsada por los ferroviarios vinculados a la UGT (Unión General de Trabajadores) y algunas concesiones parciales del Gobierno terminaron desactivando el conflicto antes de que pudiera transformarse en un levantamiento revolucionario.

Pese al fracaso de la huelga ferroviaria, los sectores vinculados a la FAI (Federación Anarquista Ibérica) mantuvieron su apuesta insurreccional y decidieron seguir adelante con los planes revolucionarios. Convencidos de que la acción directa desencadenaría un levantamiento popular más amplio, adelantaron la convocatoria revolucionaria al 8 de enero de 1933. La insurrección tuvo especial seguimiento en Catalunya, Levante y Andalucía, donde distintos grupos anarquistas intentaron proclamar el comunismo libertario con la esperanza de extender la movilización al conjunto de la población y de la propia CNT.

Los sectores anarquistas consideraban que la represión estatal contra la huelga de 1933 empujaría inevitablemente a los trabajadores hacia la insurrección para evitar ser derrotados

Como se puede observar, durante esta época coexistieron dentro de la CNT dos corrientes enfrentadas: los anarcosindicalistas, partidarios de fortalecer gradualmente el sindicato y mejorar las condiciones obreras antes de una futura revolución, y los anarquistas vinculados a la FAI, que defendían una insurrección inmediata. Mientras los primeros apostaban por la organización sindical y la negociación, la FAI impulsaba la acción directa y la huelga revolucionaria como vía para derribar el orden existente.

Muchos de estos levantamientos estaban profundamente ligados a las duras condiciones de vida del campesinado. En numerosas zonas rurales, la proclamación del comunismo libertario significaba, antes que una adhesión ideológica completa al anarquismo, una aspiración inmediata al reparto de tierras y a la supervivencia material. Aunque el Gobierno republicano-socialista había impulsado medidas para aliviar la situación del campo (como los decretos de laboreo forzoso), su aplicación fue lenta y conflictiva.

Lo mismo ocurrió con la Ley de Reforma Agraria de 1932, aprobada tras más de un año de debates y bloqueos políticos. A ello se sumaba la resistencia de numerosos terratenientes, que incumplían tanto la legislación republicana como los acuerdos alcanzados con los trabajadores. En muchos casos, los propietarios dejaron tierras sin cultivar mientras miles de jornaleros permanecían sin empleo, alimentando todavía más el descontento y la radicalización social en el campo.

En numerosas zonas rurales, la proclamación del comunismo libertario significaba, antes que una adhesión ideológica completa al anarquismo, una aspiración inmediata al reparto de tierras y a la supervivencia material

La situación se agravó todavía más por la actuación represiva de las fuerzas del orden en el campo. El episodio más conocido fue el suceso de Casas Viejas, en enero de 1933. Antes incluso de la insurrección libertaria, ya existía una fuerte tensión social en las provincias de Cádiz y Sevilla debido a las huelgas campesinas convocadas contra el paro estacional que afectaba a miles de jornaleros tras el final de la siega. Según Ramón Sender, la precariedad era extrema: muchos trabajadores dependían de un subsidio conocido como “el bono” cuya cuantía apenas alcanzaba para comprar pan (los propios campesinos lo llamaban “la limosna”, y consistía en el pago de 1 peseta a los solteros y 1,50 a los casados, cuando el kilo de pan costaba 95 céntimos). En este contexto de hambre, desempleo y frustración creciente, la conflictividad rural alcanzó uno de sus momentos más explosivos durante la Segunda República.

En Casas Viejas, cuando varios jornaleros gaditanos se sumaron a la insurrección libertaria proclamando el comunismo libertario, la respuesta del Gobierno republicano fue extremadamente represiva: las fuerzas del orden sofocaron el levantamiento mediante fusilamientos, incendios y numerosas detenciones. El episodio tuvo un enorme impacto político y simbolizó para muchos trabajadores rurales la incapacidad de la República para resolver el problema agrario sin recurrir a la violencia estatal.

Los sectores anarquistas utilizaron la represión republicana y el incumplimiento patronal de la legislación laboral para reforzar su crítica al régimen y defender que solo una revolución social podía transformar realmente las condiciones de vida obreras. Mientras el Gobierno reprimía con dureza las protestas campesinas y obreras, muchos empresarios continuaban ignorando los acuerdos laborales republicanos, lo que provocó una creciente desilusión entre sectores de la clase trabajadora que habían depositado grandes expectativas en la República.

La reforma agraria terminó perjudicando simultáneamente a ambos lados del conflicto; mientras muchos propietarios se sintieron amenazados por las posibles expropiaciones, numerosos jornaleros y campesinos pobres comenzaron a desilusionarse ante la lentitud y escasa efectividad de las reformas republicanas

En diciembre de 1933, la CNT volvió a la carga y protagonizó el intento insurreccional más amplio y organizado del período republicano, con especial intensidad en Aragón, La Rioja y Navarra, donde varios municipios llegaron a sumarse al levantamiento revolucionario. Sin embargo, pese a su violencia y al elevado número de muertos y heridos (según Roberto Villa, 125 muertos y 186 heridos), la insurrección volvió a fracasar por falta de organización, apoyo popular suficiente y capacidad militar real para enfrentarse al Estado. Aunque estos movimientos nunca llegaron a poner en verdadero jaque la supervivencia de la República, sí contribuyeron a desgastar al Gobierno republicano-socialista y a aumentar la polarización política y social del período.

Tras las elecciones de 1933, el nuevo Gobierno de centroderecha llegó al poder con el apoyo de amplios sectores de pequeños y medianos agricultores. Sin embargo, tampoco logró resolver la crisis del campo. El fracaso de las políticas agrarias y la caída de los precios agrícolas empujaron a muchos propietarios a reducir salarios, limitar contrataciones y excluir de los arrendamientos a jornaleros vinculados a la actividad sindical. En este contexto, la conflictividad rural continuó creciendo y la polarización social se intensificó todavía más durante el llamado “bienio negro”.

Los datos parciales del catastro publicados en 1934 reflejaban el enorme grado de concentración de la propiedad agraria en España. Según el economista y ministro de Hacienda Gabriel Franco, el 2,33% de los contribuyentes poseía más de la mitad de toda la propiedad agraria analizada.

Varios autores recuperan así una de las tesis clásicas planteadas por Edward Malefakis: la reforma agraria terminó perjudicando simultáneamente a ambos lados del conflicto; mientras muchos propietarios se sintieron amenazados por las posibles expropiaciones, numerosos jornaleros y campesinos pobres comenzaron a desilusionarse ante la lentitud y escasa efectividad de las reformas republicanas.

En este sentido, el caciquismo rural no solo reflejaba la debilidad del Estado republicano, sino también la existencia de un poder local profundamente arraigado en manos de las élites agrarias, un deep state. Más que una simple ausencia de autoridad estatal, se trataba de una estructura de dominación social capaz de influir directamente en la aplicación de las leyes, en la contratación de jornaleros o incluso en la marginación económica y social de aquellos vecinos considerados conflictivos o políticamente “subversivos”.

El fracaso de la reforma agraria republicana aceleró la radicalización del movimiento campesino y obrero. La lentitud burocrática de la Ley de Reforma Agraria de 1932, sumada a la resistencia de los terratenientes y a la paralización posterior impulsada durante el bienio derechista, erosionó rápidamente la confianza de jornaleros y sindicatos en la vía institucional.

Tanto la CNT como amplios sectores socialistas comenzaron a defender posiciones cada vez más radicales, planteando la ocupación directa de tierras y formas de socialización agraria. En este contexto, la transformación efectiva del campo dejó de depender exclusivamente del reformismo republicano y pasó a estar impulsada, cada vez más, por la movilización organizada de campesinos, sindicatos y comités obreros, especialmente desde 1934 y de forma masiva tras el inicio de la Guerra Civil española.

La derrota de las movilizaciones obreras de 1934 y la entrada de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) en el Gobierno intensificaron todavía más la sensación de que la vía parlamentaria era incapaz de resolver el problema agrario y de frenar el avance de las derechas. A partir de entonces, amplios sectores campesinos comenzaron a concebir la revolución social como única salida posible.

Para que nos hagamos una idea, según los historiadores James Simpson y Juan Carmona, en 1936 cerca de 115.000 campesinos ocuparon alrededor de 570.000 hectáreas de tierra. La mayor parte de estas ocupaciones (aproximadamente el 75%) tuvo lugar en Extremadura, que se convirtió en el principal epicentro de la movilización agraria durante los meses previos a la Guerra Civil española.

La llamada “cuestión yuntera” se convirtió en uno de los principales conflictos agrarios. Las ocupaciones de tierras protagonizadas por campesinos y colonos tuvieron dos grandes momentos, en 1932 y 1936, y respondían a una necesidad básica de subsistencia ante la falta de trabajo y acceso a la tierra. Como respuesta a las primeras ocupaciones, el Gobierno aprobó el Decreto de Intensificación de Cultivos de 1932; sin embargo, la medida fue insuficiente y el conflicto reapareció cuando muchos propietarios intentaron expulsar a los campesinos una vez finalizados los permisos de ocupación.

Tras la victoria del Frente Popular en 1936, las ocupaciones resurgieron con mucha mayor intensidad y fueron coordinadas masivamente por la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT). Aunque el Gobierno terminó legalizando parte de estas acciones, el proceso volvió a demostrar que la reforma agraria avanzaba más por la presión organizada del movimiento campesino que por la capacidad efectiva del Estado republicano.

En el caso extremeño, según Edward Malefakis, cerca de 33.000 campesinos se asentaron en casi 100.000 hectáreas durante las ocupaciones de 1932, lo cual afectó a 932 fincas repartidas en 129 municipios. Sin embargo, la segunda gran oleada de ocupaciones, en 1936, alcanzó una dimensión muy superior: alrededor de 81.000 colonos yunteros ocuparon más de 240.000 hectáreas solo en Extremadura, en un proceso que llegó a afectar al 85% de las localidades extremeñas.

La gestión de los asentamientos campesinos durante la Segunda República evidenció las crecientes tensiones entre el Estado republicano y las organizaciones campesinas que aspiraban a controlar directamente el reparto de la tierra. Aunque el Instituto de Reforma Agraria (IRA) era el organismo encargado de supervisar las ocupaciones, muchos sindicatos agrícolas comenzaron a disputar ese poder al Estado. Destacó especialmente la actuación de la FNTT, que durante las ocupaciones de 1936 coordinó el acceso colectivo a las fincas y presionó para que el reparto quedara bajo control de las organizaciones campesinas locales más que de la propia Administración republicana.

Las ocupaciones de tierras protagonizadas por campesinos respondían a una necesidad básica de subsistencia ante la falta de trabajo y acceso a la tierra

Los conflictos surgieron porque el IRA aplicaba criterios centralizados y administrativos para seleccionar a los colonos, mientras que la FNTT defendía un control más directo del reparto por parte de los propios jornaleros organizados. En muchos municipios, los sindicatos consideraban que la intervención estatal limitaba la capacidad del movimiento campesino para decidir quién debía trabajar las tierras ocupadas. Así, las ocupaciones de 1936 no solo enfrentaron a campesinos y terratenientes, sino también a dos modelos distintos de reforma agraria: uno impulsado desde el Estado republicano y otro construido desde abajo por sindicatos y organizaciones rurales.

De este modo, las ocupaciones yunteras de 1936 terminaron desbordando parcialmente el marco institucional republicano. Aunque el Gobierno legalizó buena parte de ellas, la iniciativa práctica y el control efectivo del proceso quedaron cada vez más en manos de organizaciones campesinas locales. En regiones como Extremadura, estas ocupaciones obreras resultaron más eficaces que la propia burocracia estatal para acelerar la redistribución de tierras y transformar temporalmente las relaciones de poder en el campo español.

Conclusiones

En definitiva, la Ley de Reforma Agraria de 1932 fue incapaz de transformar de forma efectiva la estructura de la propiedad rural. La lentitud burocrática, la resistencia de los terratenientes y la debilidad del propio Estado republicano terminaron alimentando una creciente polarización social en el campo. Mientras muchos jornaleros y campesinos pobres se radicalizaban ante la falta de cambios reales, amplios sectores propietarios comenzaron a percibir la República como una amenaza directa a sus intereses. Historiadores como Edward Malefakis o Paul Preston han señalado la cuestión agraria como uno de los grandes factores de tensión que desembocaron en la Guerra Civil española.

Las transformaciones agrarias más profundas de la Segunda República no fueron ejecutadas principalmente por el Estado republicano, sino por organizaciones revolucionarias y movimientos campesinos

Es más, si analizamos la reforma agraria únicamente como redistribución jurídica de la propiedad, su balance resulta claramente limitado: en julio de 1936, la mayoría de los grandes terratenientes conservaban prácticamente las mismas tierras que poseían al inicio de la República. No obstante, como se viene especificando, el verdadero cambio se produjo en otro plano. Las ocupaciones campesinas, la organización sindical y la creciente movilización rural alteraron temporalmente las relaciones de poder en numerosas regiones agrarias.

Además de en Extremadura, también se ocuparon tierras en numerosos pueblos andaluces y aragoneses, se colectivizaron explotaciones agrícolas y se organizaron formas de producción comunitaria bajo control sindical y campesino, tanto bajo la batuta de la FAI, como de la CNT, incluso con la participación activa de miles de campesinos organizados. De este modo, las transformaciones agrarias más profundas de esta época contemporánea no fueron ejecutadas principalmente por el Estado republicano, sino por organizaciones revolucionarias y movimientos campesinos que actuaron desde abajo aprovechando la descomposición del poder tradicional durante la Guerra Civil.

Al fin y al cabo, el poder no es solo una cuestión de propiedad legal, sino una relación social que se ejerce y se disputa constantemente. En ese sentido, la República terminó representando una promesa incumplida.