Han pasado años desde que, tras el caso La Manada, el Ministerio de Igualdad del Estado español manifestara su voluntad de superar la desigualdad entre abuso y agresión. En ese sentido en agosto de este año el Congreso de los Diputados aprobó una ley que se ha popularizado como Solo sí es sí. Y aunque muchas la han bautizado como una de las leyes más vanguardistas en defensa de los derechos de las mujeres, la proposición de ley ha levantado una gran polvareda. En cambio, detrás de ese deseo de criticar la ley ha quedado clara la voluntad de desgastar al gobierno PSOE-Podemos e impulsar actitudes reaccionarias en contra de las mujeres.

En medio de este circo mediático es necesario incidir en los límites políticos y sociales de esta ley y de sus propuestas políticas en el tratamiento contra la violencia machista. Las lecturas jurídicas realizadas en torno a la ley circunscriben el debate a aspectos concretos sobre los que, si bien la reflexión es relevante, se elimina del debate la eficacia real de estas propuestas en el camino hacia la erradicación de la violencia machista. De esta manera, ante una polémica de esta dimensión, es necesario situar nuestra reflexión y debate en los parámetros que realmente exige la cuestión de la violencia que vivimos las mujeres trabajadoras y su superación.

La ley, que sitúa a Irene Montero en el centro de los focos, tiene la voluntad de llevar a cabo cambios formales como cambios terminológicos en comparación a leyes anteriores o incorporando nuevas situaciones de violencia machista. Entre otras, las agresiones se incluirán como violencia sexual, lo que puede hacer que la violencia y la intimidación no tengan que existir, e incorpora formas digitales de violencia. Sin embargo, las lagunas jurídicas están emergiendo. Entre ellas, la que ha generado polémica ha sido la de la posibilidad de reducir el tiempo de condena de quienes han cometido agresiones sexuales, ya que esta ley ha ampliado el límite de las penas. Así se ha retomado el debate entre propuestas preventivas o punitivas. La delegada del gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, fue tajante al afirmar que no es una ley sancionadora la que proponen, ya que las sanciones altas son ineficaces y generan el efecto contrario. Por eso, han puesto en el centro la necesidad de educar a la sociedad en el consentimiento. De esta manera pretenden impulsar un cambio en el pensamiento individual y social a través de proyectos educativos. Es evidente que la prolongación de las penas no tiene por qué suponer una mayor seguridad, pero también es muy cuestionable la eficacia de las medidas preventivas y de los proyectos de reinserción, ya que todo esto puede entenderse únicamente con la desaparición de la estructura social que perpetúa la violencia. ¿Qué sentido puede tener reinsertarse en una sociedad que reproduce la norma cultural machista? El trabajo pedagógico contra la violencia machista tendrá un corto recorrido si no acabamos con las condiciones que nos convierten a las mujeres en sujetos de segunda.

Como hemos visto, las leyes pueden tener lagunas, generan controversias y, como consecuencia de ellas, se dan las modificaciones necesarias. En cambio, lo que está en juego en todo este debate es la política institucional: la difusión mediática adoptada por el debate pone en el punto de mira el fracaso político y electoral del Ministerio de Igualdad y, por ende, de los partidos de izquierdas del gobierno. Así de elocuente es el circo parlamentario que los partidos de derechas crean a diario bajo el pretexto de esa ley. La única intención es desgastar a los partidos del gobierno y, de paso, reforzar las opiniones retrógradas y reaccionarias, con el fin de convertir en voto a su favor la decepción y desencanto que en algunos ha generado la izquierda del Capital. La propuesta de los partidos de derechas contra la violencia machista se limita a endurecer la pena de cárcel. Esta es una propuesta profundamente clasista: la dureza del castigo depende de la riqueza de cada uno, y tienen claro que el que no tiene dinero se pudrirá en la cárcel y el que tiene dinero y poder no tendrá ni que pisar la cárcel.

No son los únicos que están utilizando la ley para propaganda electoralista. Los partidos del gobierno están utilizando la difusión de ésta y otras leyes feministas para ocultar las medidas autoritarias que están adoptando paralelamente. No podemos olvidar que el gobierno más progresista de la historia del Estado español está aprobando leyes que atentan directamente contra la clase trabajadora: la reforma del código penal que plantea la posibilidad de encarcelamiento por robos, la ley del PSOE para la criminalización e ilegalización de la okupación o los aumentos salariales de las fuerzas policiales y militares. Aunque parezca paradójico, en esas leyes han considerado oportuno reforzar las penas de cárcel. El carácter antiproletario de estas reformas y leyes hace que empeoren las condiciones sociales de las mujeres trabajadoras ante las escasas posibilidades que tenemos de tener unas condiciones de vida de calidad, que solo alimentan penas de cárcel, represión y miseria. ¿En nombre de qué mujeres hablan las propuestas políticas que nos condenan a la pobreza y a la violencia? Es evidente que las políticas feministas del gobierno no tienen otra finalidad que la de fortalecer el Estado. Esto puede derivar en cambios puntuales que, como se ha dicho, no lograrán una propuesta liberadora para las mujeres trabajadoras.

En pocas palabras: aunque las proposiciones de ley de los partidos de gobierno provoquen cambios sobre el papel, los problemas de los sectores más vulnerables de la sociedad persisten. La posibilidad de estos cambios viene avalada por las capacidades económicas del Estado, por lo que su eficacia real (aunque en este caso está por ver) suele ser muy limitada y únicamente alimenta la ilusión reformista. En el caso de la violencia machista, por ejemplo, la realidad es muy diferente a la que estamos escuchando en el congreso: las mujeres agredidas se encuentran con enormes trabas burocráticas, la cantidad y calidad de los servicios ofrecidos para salir de estas situaciones es cuestionable y la impunidad de los agresores ha aumentado en muchos casos. Y no es porque hasta ahora no hubiera una proposición de ley contra la violencia machista, sino porque todas las ayudas que se proponen se encuentran con una barrera económica y social.

Esperar la limosna que nos ofrece el Estado en estas circunstancias no es una opción. Por el contrario, señalar estas propuestas reformistas es una tarea prioritaria, ya que de no hacerlo terminan siendo apaciguadores del afán de lucha que pueda existir en la calle. Pero esa tarea exige ir afinando y discutiendo paralelamente la ruta de hoja para acabar con la violencia machista, ya que la solución no vendrá de parte de quienes la perpetúan. Tenemos que conseguir las capacidades para garantizar la protección de todas las mujeres trabajadoras. Para ello es necesario reforzar una organización propia e independiente de las instituciones. Asimismo, debemos dar respuestas contundentes ante los agresores, poniendo antecedentes y evitando que los agresores tengan impunidad. Pero para crear esos precedentes se debe garantizar la transformación social de la sociedad que normaliza la violencia.