«Nosotros hemos construido un jardín. Todo funciona. Es la mejor combinación de libertades políticas, prosperidad económica y cohesión social que la humanidad haya construido nunca. Pero la mayor parte del resto del mundo es una jungla, y la jungla podría invadir el jardín. Porque la jungla tiene una fuerte capacidad de crecimiento y el muro no será lo bastante alto como para proteger el jardín» - Josep Borrell Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

En otoño de 2022, ya habiendo transcurrido más de medio año desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, con una crisis inflacionaria rampante asolando todo Occidente y una Europa a la que se le avecinaba un invierno crudo por la reducción de la energía barata rusa y una inmigración por su flanco sur que comenzaba a aumentar, Josep Borrell hizo unas declaraciones polémicas y esclarecedoras. El alto representante para Política Exterior de la Unión Europea comparó a Europa con un “jardín” frente a la mayoría del resto del mundo, que calificó de “jungla”. No le faltaba razón a Borrell, solamente le faltó argumentar que la existencia del jardín y la jungla son mutuamente dependientes. Es decir, no puede existir jardín del Estado del bienestar, sin jungla donde la explotación y el saqueo de recursos se den en su forma más cruda.

No es objeto de este texto realizar un análisis de las relaciones centro-periferia que articulan el sistema mundial capitalista. Más bien, nos centraremos en las políticas y las razones geopolíticas que existen en su trasfondo, y que se han tomado durante la última década en la política migratoria de los Estados Unidos y la Unión Europea. Está claro que el jardín al que Borrell se refiere lleva largos años en crisis, el deterioro salarial y de los servicios estatales, como la sanidad, así lo demuestran. Pero la extrema derecha, y la no tan extrema, que se está afianzando a lo largo de Europa propone un endurecimiento de las políticas migratorias y controles fronterizos.

Estos partidos, que ya cuentan con tres grupos parlamentarios en la Eurocámara y son los principales partidos en votos en Estados (aunque no en todos gobiernen) como Italia, Francia, Países Bajos o Austria, proponen construir una especie de “Europa fortaleza”. Como si las razones del declive económico y social europeo fuesen culpa del proletariado migrante. Sin embargo, la realidad es que ningún Estado de lo que se denomina centro capitalista ha desarrollado su modelo social sin usar una ingente cantidad de mano de obra migrante, que ha servido para cubrir puestos que la fuerza de trabajo local no estaba dispuesta a cubrir y para abaratar costes salariales en ciertos sectores.

Ningún Estado de lo que se denomina centro capitalista ha desarrollado su modelo social sin usar una ingente cantidad de mano de obra migrante, que ha servido para cubrir puestos que la fuerza de trabajo local no estaba dispuesta a cubrir y para abaratar costes salariales en ciertos sectores

Ningún partido, pese a su retórica más o menos racista, va a prescindir de la inmigración. Ya que ésta es un pilar fundamental del normal funcionamiento de las relaciones sociales capitalistas. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? El peligro real reside en que para los partidos gestores de las relaciones económicas capitalistas el problema no es la persona migrante, sino la migrante que no se integra a la relación salarial del país de destino. En resumidas cuentas, el racismo toma forma cultural de odio al diferente, pero en el fondo radica un odio al trabajador pobre, porque no es integrable en los circuitos salariales que ordenan la vida diaria de nuestras sociedades. Entonces se convierte en un problema.

Europa se dirige a un modelo de migración que podemos denominar, refiriéndonos a la famosa obra de Michael Foucault, de vigilar y castigar. Por una parte, vigilar y controlar las fronteras para que el tránsito de personas migrantes sea el que los Estados europeos puedan asumir e integrar efectivamente en sus procesos productivos, según el ciclo económico del momento. Y por otra, castigar a las personas migrantes que dentro de sus fronteras no se integren al normal modo de vida asalariado. Así se va a dar una combinación de políticas de retorno de migrantes y pago a países fronterizos para que controlen estos flujos, a la vez que veremos un paulatino endurecimiento del código penal para penar más duramente acciones como los pequeños hurtos o los pequeños actos de vandalismo. Acciones que podrán llevar a la deportación de quien los realice si éste se encuentra en una situación irregular o no cuenta con la nacionalización.

Europa se dirige hacia un modelo estadounidense de gestión de la migración, ya que la principal potencia económica del mundo ha sido la que durante largos años ha gestionado mediante esta combinación de vigilancia, control y castigo su recepción migratoria. Por tanto, tras esta introducción centrada en el presente de nuestro “jardín” europeo, cruzaremos el charco para ver qué similitudes existen entre las políticas migratorias que ha aplicado Estados Unidos y las que está aplicando la UE durante la última década.

ESTADOS UNIDOS: UNA NACIÓN DE MIGRANTES Y VALLAS

Estados Unidos es considerada la nación construida por migrantes por antonomasia. Puesto que su expansión hacia el oeste y toda la construcción de su industria se realizaron mediante población venida de fuera en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, este relato del sueño americano olvida que la construcción estatal y nacional de Estados Unidos se basó en tres pilares: el racismo institucionalizado, el esclavismo y la aniquilación o expulsión de la población nativa originaria.

La primera ley de nacionalización de la población de Estados Unidos fue la adoptada por el también primer presidente estadounidense, George Washington, conocida como Ley de Naturalización. Esta ley estableció en 1790 las reglas para convertirse en ciudadano de la recién independizada república, un derecho exclusivo de las personas blancas libres de “buen carácter” que hubieran residido en el país durante al menos dos años. Excluidos quedaban los nativos americanos, los sirvientes por contrato y los esclavos negros.

Tampoco tardaría en llegar la primera ley para la deportación de personas inmigrantes, bajo la presidencia de otro de los padres fundadores de la nación, John Adams, que en 1798 admitió las leyes de amigos y enemigos extranjeros. Leyes que permitían, bajo orden presidencial, expulsar del país a todo aquel considerado “peligroso para la paz y la seguridad de los Estados Unidos”. Estas tempranas leyes de regulación establecidas en una de las primeras democracias liberal-burguesas plenas muestran cómo los Estados capitalistas necesitan irremediablemente de leyes de atracción de la inmigración, junto a las de su expulsión y castigo si ésta no es asimilable.

Estas tempranas leyes de regulación establecidas en una de las primeras democracias liberal-burguesas plenas, muestran cómo los Estados capitalistas necesitan irremediablemente de leyes de atracción de la inmigración, junto a las de su expulsión y castigo si ésta no es asimilable

Pese a todo, entre 1820 y 1920 llegaron legalmente a Estados Unidos casi cuarenta millones de personas inmigrantes, casi todos europeos: primero irlandeses y alemanes, luego italianos y austrohúngaros, y finalmente británicos o rusos. Junto a los europeos blancos que emigraban por las promesas que hacía la nueva república en construcción, se trasladó forzosamente a miles de personas para servir de mano de obra esclava desde el continente africano. Se calcula que desde antes de su independencia y hasta que se abolió la esclavitud de manera oficial en 1863, se trasladaron en torno a 380.000 personas de distintos países de África en condiciones infrahumanas para su venta como esclavos.

Además de emprendedores y esclavos, muchas personas quisieron viajar desde el este y sur de Asia a Estados Unidos, pero no se encontraron con las mismas facilidades. Si algo caracteriza al siglo XIX y primera mitad del XX estadounidense, en materia de migración, es su abierta xenofobia y control de la población asiática. A pocos años de terminar la Guerra Civil estadounidense, la Corte Suprema dictaminó que le correspondía al Gobierno Federal, y no a los estados individuales, imponer leyes de inmigración. El Gobierno Federal, en 1882, dictó la Ley de Exclusión China, que prohibió a los chinos emigrar a los Estados Unidos. En plena industrialización, parte de la pujante clase media blanca estadounidense culpaba a los trabajadores chinos por la bajada de los salarios.

Algo parecido ocurrió con los japoneses. El llamado “acuerdo de caballeros” de 1907 fue un tratado firmado por los gobiernos estadounidense y japonés para que las propias autoridades niponas fueran las que restringiesen la emigración de su población hacia la república norteamericana. A cambio, Estados Unidos ofreció facilitar la nacionalización de los inmigrantes japoneses ya establecidos dentro de sus fronteras. Este fue un primer y pionero acuerdo de externalización de fronteras. Casi dos décadas después, la Ley de inmigración de 1924 se estableció como un sistema de cuotas para limitar la cantidad de inmigrantes que ingresaban, de nuevo con particular énfasis en los asiáticos[1].

Tras la Segunda Guerra Mundial se da un giro brusco en las tendencias migratorias, ya que los europeos dejaron de ser el primer grupo migratorio hacia Estados Unidos. Desde la mitad del siglo XX y hasta la actualidad, América del Sur y Centroamérica han sido los principales exportadores de inmigración hacia Estados Unidos. Entonces comenzaron las políticas de control de este nuevo foco migratorio, siendo sus dos grandes hitos, por una parte, la firma de la Iniciativa Mérida en 2007, acuerdo por el que el Congreso de Estados Unidos aportaba partidas millonarias a los gobiernos de México y otros países centroamericanos para modernizar sus fuerzas de seguridad fronterizas. Y, por otra parte, la construcción de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México, que comenzó en el año 1996, bajo la presidencia de Bill Clinton, presidente demócrata[2].

Esto último, nos debe hacer ver que pese a los relatos que podamos escuchar en la actualidad por los partidarios de Trump, las políticas migratorias no han diferido en lo esencial entre republicanos y demócratas. Siendo ambos partidos políticos conscientes de la gran aportación que hace la inmigración latinoamericana, incluso la considerada irregular, a la economía de la todavía primera potencia global. Un estudio de economistas del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) del año 2017, apunta que los cerca de 11 millones de personas inmigrantes indocumentados que residían en Estados Unidos pagaron en impuestos un porcentaje muy similar al de la media de los contribuyentes estadounidenses, una media del 8% de sus ingresos en impuestos estatales y locales. Para poner esto en perspectiva, hay que tener en cuenta que el 1% de los contribuyentes más ricos paga de media un tipo impositivo a escala estatal de solo el 5,4%

Además de ser clave en la contribución al ya de por sí mermado sistema social estadounidense, son una parte esencial de la fuerza de trabajo. Los migrantes en situación irregular son más de la mitad de todos los trabajadores de recolectas agrícolas y el 15% de los que trabajan en el sector de la construcción. Si todos fueran deportados mañana, el país tendría un grave problema de salud pública, ya que representan además una cuarta parte del sector de la limpieza. Por ello, Estados Unidos aplica periodos de endurecimiento y alivio de los controles migratorios, según las necesidades de su mercado de trabajo, que es el que marca realmente el devenir de las leyes inmigratorias.

Actualmente, el tándem demócrata de Kamala Harris y Joe Biden quiere mostrarse como defensor de las minorías raciales frente al abiertamente xenófobo candidato republicano Donald Trump. Pero ateniéndonos a los datos, durante el 2023, bajo el mandato de Biden, se han realizado más del doble de detenciones de personas inmigrantes en la frontera con México de las que se llevaron a cabo en cualquier año del mandato de Trump[4].

La diferencia principal radica en la política exterior migratoria de ambos. Trump promete mano dura contra la inmigración sin contar con la colaboración de los gobiernos latinoamericanos, confiando en que una militarización total de sus fronteras reducirá los flujos migratorios. Sin embargo, Biden ha reestablecido y aumentado la ayuda que se ofrece a los países de su frontera sur para que sean ellos los que se encarguen de controlar estos flujos de personas.

Sin ir más lejos, en septiembre de este mismo año, en plena campaña presidencial, el ejecutivo estadounidense ha anunciado que destinará una nueva partida de 685 millones de dólares para ayudar a los países de Latinoamérica y el Caribe a acoger a los migrantes que pasan por sus territorios. Estados Unidos lleva invertidos en 2024 más de 1.200 millones de dólares para avanzar en la Declaración de Los Ángeles, firmada en 2022 por una veintena de países que se comprometieron a cooperar con Estados Unidos para frenar la migración irregular y expandir vías legales para los migrantes. Estados Unidos ha construido y sigue perfeccionando un modelo de control y restricción de la inmigración, con externalización del control de ésta a su frontera sur.

LA EUROPA FORTALEZA

Pese a que la UE trata de mostrarse frente a Estados Unidos como una potencia más tolerante y promotora de los derechos humanos, siendo la libre circulación de las personas uno de sus valores fundacionales, la Unión no está exenta de muros y controles en los que cada año pierden la vida miles de migrantes. En este sentido, el Estado español fue pionero en la securitización de su frontera sur. Las vallas que rodean las ciudades autónomas en suelo africano de Ceuta y Melilla no tienen parangón en Europa. Pese a que se construyeron en la década de 1990, aún hoy en día son las vallas fronterizas más altas de Europa, solo comparables con la valla construida en Calais por Francia, para impedir el paso a los migrantes que tratan de llegar a Reino Unido por el canal de la Mancha.

Pero el punto de inflexión fue la crisis de las personas refugiadas del año 2014, provocada por la guerra de Siria. Ese mismo año, el espacio Schengen (el supuesto espacio de libre circulación sin fronteras europeo) contaba con 315 kilómetros de muros y vallas fronterizas. Actualmente, se encuentra rodeado o atravesado por 19 vallas de distinto tamaño, que suman más de 2.000 kilómetros de longitud y están equipadas con una creciente variedad de sistemas de vigilancia de última tecnología, como cámaras, drones, sensores de movimiento y torres de vigilancia. Eslovenia, Hungría, Bulgaria, Grecia o Polonia son algunos de los Estados europeos que se han sumado a vallar sus fronteras durante la última década[5].

El Código de Fronteras Schengen, que regula el espacio europeo de fronteras, solamente permite reestablecer los controles fronterizos internos por motivos de causa mayor. Para ello se debe alegar que existe una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior. Este mecanismo de excepción ha sido invocado desde el año 2014 por diversos Estados miembros casi de manera permanente, convirtiendo la excepción en normalidad. Para entender la magnitud de esta nueva normalidad fronteriza, hay que tener en cuenta que entre 2006 y 2014 dicho mecanismo fue empleado 35 veces, y la mayoría de veces por razones políticas más que por control migratorio, por ejemplo: por Francia con motivo de unas jornadas políticas de la Izquierda Abertzale en Baiona en octubre de 2006; por Alemania en mayo y junio de 2007 con motivo de la cumbre del G-8; o por Noruega con motivo de la ceremonia del Premio Nobel en Oslo entre noviembre y diciembre de 2009.

Sin embargo, entre 2015 y 2018, apenas en tres años desde el inicio de la conocida como crisis de las personas refugiadas, ya se había aplicado esta cláusula del tratado 72 veces. Muchas de ellas además por países interiores de la UE que no tienen frontera con África u Oriente Medio, como Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, Austria o Hungría. El motivo más alegado para recuperar el control fronterizo nacional fue el de “movimientos secundarios no autorizados”. Es decir, controlar los flujos migratorios de manera policial o militar. En este sentido, el Estado francés es un ejemplo paradigmático, ya que alegando una amenaza terrorista permanente desde los atentados a la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo en el año 2015, nunca ha vuelto a suprimir totalmente los controles fronterizos de manera total como pide el acuerdo Schengen[6].

Otro hito marcado por la crisis de las personas refugiadas fue el de abrir el camino hacia la total externalización de control de fronteras en el flanco sur de la UE. Como ya comenzó a hacer Estados Unidos décadas atrás, durante la última década, Bruselas ha incitado a sus Estados miembro a establecer acuerdos de control migratorio con terceros países de fuera de la Unión. Con este fin, en marzo de 2016 la UE firmó un acuerdo paradigmático con Turquía, que iba a definir el devenir de políticas migratorias de la Unión. Bruselas se comprometió con Ankara a un pago de hasta 6.000 millones de euros porque el Estado turco retuviese en sus fronteras a los migrantes procedentes de Siria, pero también de países como Afganistán, Somalia o la República Democrática del Congo.

Bruselas se comprometió con Ankara a un pago de hasta 6.000 millones de euros porque el Estado turco retuviese en sus fronteras a los migrantes procedentes de Siria, pero también de países como Afganistán, Somalia o la República Democrática del Congo

Para poner en contexto este acuerdo ha de recordarse que la propia UE paralizó la adhesión de Turquía a la Unión argumentando carencias en el respeto de los derechos humanos por parte de su régimen político. El acuerdo dio vía libre a este mismo Estado para que tome “todas las medidas necesarias para evitar que se abran nuevas rutas marítimas o terrestres de migración ilegal desde Turquía a la UE”. Además, como ratifica este acuerdo, todas las personas que lleguen irregularmente a las islas del Egeo en Grecia, incluidas las solicitantes de asilo, deben de ser devueltas a Turquía. El año 2016 marcó récord en cifras de personas muertas en las distintas rutas que unen el Mediterráneo con Europa: más de 3.800 personas perdieron la vida en las distintas travesías.

Tras el acuerdo, Grecia, bajo el gobierno de izquierdas de Syriza, introdujo políticas que obligaban a quienes entraban a través de sus islas a permanecer allí en campos de reclusión a la espera de una decisión sobre sus solicitudes de asilo o devolución a Turquía. Según datos de Amnistía Internacional y la Agencia para las Personas Refugiadas de la ONU (ACNUR) para el año 2021, Turquía retenía a más de 4 millones de personas refugiadas, entre las que 3,6 millones eran procedentes de Siria, más que de ningún otro país.

Turquía retenía a más de 4 millones de personas refugiadas, entre las que 3,6 millones eran procedentes de Siria

Pero éste no es el único foco migratorio que la UE ha tratado de sofocar mediante pago a terceros países durante esta década. Libia o Túnez también han sido sobornados con una lluvia de millones con tal de que controlen a las personas refugiadas procedentes del Sahel y la África subsahariana.

Desde 2017, la UE ha convertido Libia en uno de sus aliados privilegiados en la lucha contra la inmigración. Se han pagado cientos de millones de euros a las autoridades libias, en particular, para apoyar a sus guardacostas encargados de interceptar a los migrantes en el mar y obligarlos a regresar a Libia, donde son encarcelados en centros de detención. Pese a ello, la mortandad no se ha reducido en la ruta del mediterráneo central. Sólo en 2023, más de 2.500 personas murieron o desaparecieron intentando cruzar el mar por esta vía, la cifra más alta desde 2017.

La extrema violencia con la que actúan las autoridades libias ha hecho que Túnez se convierta en una ruta más atractiva y barata para los migrantes subsaharianos y del Sahel. Para frenar esta nueva ruta de acceso, la UE firmó en el 2023 un nuevo acuerdo con Túnez, para que retuviese a estos migrantes. Ese mismo año, según ACNUR, el 84% de los sudaneses que cruzaron el Mediterráneo hacia Italia embarcaron en Túnez. En 2022, el 98% lo hacía desde Libia.

Además de los países fronterizos del Mediterráneo, existe una competición interna por la propia asunción de responsabilidades de fronteras en el seno de la UE. Así, los países del centro y norte europeo presionan a los del sur para que actúen como barrera de la inmigración. Lo que lleva a que países del sur europeo sean los que por su propia voluntad establezcan acuerdos con terceros países para controlar las entradas en sus fronteras. Por ejemplo, el acuerdo entre el Estado español y Marruecos, por el que la monarquía marroquí controla los flujos migratorios a Ceuta, Melilla y el estrecho de Gibraltar. Pero también el más reciente pacto firmado por Italia y Albania, por el que el gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni y su homólogo albanés fijan que Italia financiará la construcción de centros de retención de migrantes en tierras albanesas para que pueda deportar allí sus migrantes indocumentados y solicitantes de asilo.

Pese a todo, la UE no se ha fortificado únicamente en base a la externalización de fronteras, sino que ha constituido también su propia fuerza paramilitar de control de migrantes: Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Frontex comenzó a operar en 2005 con apenas 50 empleados, 6 millones de euros de presupuesto y funciones técnicas muy limitadas. Actualmente esta agencia actúa como cuerpo policial y militar en la devolución de migrantes, ya que se le ha legitimado incluso para que actúe en países de fuera de la UE. Las cifras muestran su constante crecimiento, contando a día de hoy con una plantilla de más de 2.100 trabajadores y un presupuesto de 845 millones de euros anuales[7].

La UE no se ha fortificado únicamente en base a la externalización de fronteras, sino que ha constituido también su propia fuerza paramilitar de control de migrantes: Frontex

A pesar de todo el esfuerzo en control migratorio, la inmigración es fundamental para el normal funcionamiento de la economía de los 27 Estados miembros de la UE. Recordemos que, al inicio de la crisis de refugiados de 2014, la entonces cancillera alemana, Angela Merkel, apoyó y animó a estas refugiadas a instalarse dentro de sus fronteras. Gesto que fue entendido como muestra de solidaridad de la líder germana, pero que ocultaba algo más. Ya que la primera oleada de refugiados que salió de Siria se trató en su mayoría de hombres de mediana edad con estudios superiores, pero desesperados por huir por la situación de guerra que vivía su país. Por lo tanto, estos refugiados suponían un buen incentivo para la maquinaria industrial germana, que sus empresarios podrían emplear a coste salarial reducido y casi sin necesidad de formación. No paso lo mismo con la segunda oleada. Puesto que, cuando estas primeras personas refugiadas quisieron traer a sus familias, Alemania ya no se mostró tan receptiva al recibimiento.

Misma actitud podemos denotar en las palabras pronunciadas en agosto de este mismo año por el presidente español, Pedro Sánchez, que se refirió a la migración como «una necesidad que aporta beneficios». Lo hizo en el marco de un viaje institucional a Gambia, Senegal y Mauritania para cerrar acuerdos con estos países que mitiguen la llegada de migrantes irregulares a las costas de las islas de Canarias. Sánchez es consciente de que parte de los relativamente buenos datos de empleo de los últimos años depende de la inmigración. Debido a que la ocupación se ha incrementado en un millón de personas en los últimos dos años, de las cuales 350.000 son de nacionalidad española, 536.000 extranjeras, y el resto de nuevos ocupados son de doble nacionalidad.

No obstante, las diferencias salariales para estos distintos grupos de trabajadores siguen siendo grandes. Los ingresos salariales medios de los extranjeros procedentes de Latinoamérica son un 37% más bajos que los de los españoles, un 34% en el caso de los africanos y un 17% en el de los europeos. Además, las diferencias son mayores en el caso de las mujeres migrantes[8]. Lo que hace que las tasas de exclusión social y pobreza sean mayores entre la población inmigrante y que su integración en el orden social sea todavía más compleja.

Este es el punto en el que nos encontramos, en una situación en la que los Estados europeos están necesitados de recibir mano de obra migrante para mantener distintos sectores económicos y sus partidas sociales, pero a la vez son incapaces de garantizar una integración plena de ésta en sus sociedades. Por ello, a la vez que se externalizan fronteras para controlar estos flujos a las capacidades reales de las economías europeas, en su interior se endurecen los códigos penales para criminalizar pequeños delitos, como pueden ser los pequeños hurtos en los supermercados. Italia, alumno aventajado en esta materia, quiere prohibir incluso que las personas inmigrantes indocumentadas puedan acceder a una tarjeta SIM de telefonía, una manera de mantenerlos aislados e incomunicados.

CONCLUSIONES

Este análisis de las políticas migratorias de las dos principales potencias occidentales ha tratado de mostrar que el control, la vigilancia y la expulsión de migrantes no es algo que surja con la irrupción de la extrema derecha, sino que es algo inherente al funcionamiento de los Estados capitalistas y tiene mucho que ver con la coyuntura del ciclo económico.

El control, la vigilancia y la expulsión de migrantes no es algo que surja con la irrupción de la extrema derecha, sino que es algo inherente al funcionamiento de los Estados capitalistas

Hasta ahora, las grandes políticas migratorias las han llevado a cabo las dos grandes familias políticas occidentales: socialdemócratas y conservadores. Estas políticas se han ajustado a la capacidad de integración y empleabilidad que tenían sus Estados en ese momento. El último ejemplo lo tenemos en Alemania, donde el gobierno formado por socialdemócratas, verdes y liberales acaba de suspender el tratado Schengen y devuelto el control a sus fronteras. Esto se ha realizado bajo el pretexto de frenar ataques terroristas, pero también en medio de la peor crisis económica vivida por el país germano desde su reunificación.

El problema de la extrema derecha no radica en que frene la entrada de migrantes; ninguna economía capitalista puede soportar tal disparate. Más bien nos debería preocupar la coerción que podrán realizar en las vías de entrada y las leyes represivas internas que afectarán tanto al proletariado migrante como al que ya residía aquí. Además, el discurso racista se está naturalizando por la batalla cultural que presenta la extrema derecha. En estos puntos radica el verdadero riesgo del ascenso de estos partidos abiertamente xenófobos. Sin embargo, las puertas del jardín, que decía Josep Borrell, no siempre han estado abiertas ni mucho menos. Pero para quien vive en el infierno, el jardín, aunque marchito, sigue siendo jardín y seguirá intentando acceder al mismo por todos los medios posibles. Es cuestión nuestra propagar una concepción del proletariado como clase internacional, ajena a fronteras, muros y vallas.

REFERENCIAS

[1] Jenkins, Philip (2019): Breve historia de los Estados Unidos, Alianza Editorial, Madril. 

[2] París Pombo, María Dolores (2022): “Externalización de las fronteras y bloqueo de los solicitantes de asilo en el norte de México”, Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 30 (64), 101-116. 

[3] Gee, Lisa Christensen; Gardner, Matthew; Hill, Misha E. y Wiehe, Meg (2017): “Undocumented Immigrants’ State & Local Tax Contributions”, Institute on Taxation & Economic Policy.

[4] Sigmon, Eric (2024): “De la campaña a la práctica: síntesis de la política de inmigración del presidente Biden”, Real Instituto Elcano.

[5] Potro, Lucas (2023): “La Europa de los muros”, El Confidencial. 

[6] Barbero, Iker y Donadio, Giacomo (2019): “La externalización interna de las fronteras en el control migratorio en la UE”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 122, 137-162.

[7] González-Páramo, Ana (2021): “Frontex, la cara oscura de la Unión Europea”, PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global, 155, 67-78. 

[8] González Enríquez, Carmen (2024): “Inmigración, trabajo, productividad y desigualdad en España”, Real Instituto Elcano.