Pese a que en los últimos meses la crisis sanitaria ha perdido centralidad mediática, esta sigue siendo un problema de primer orden. Desde los medios de comunicación recibimos periódicamente noticias relacionadas con la sanidad, que muestran claramente que la situación no hace más que empeorar. El cierre de servicios o la saturación de las Urgencias por la llegada anual de la gripe son ya noticias habituales, y a esto hay que sumarle una situación de conflictividad laboral en el sector sanitario, que responde a la modificación del Estatuto Marco, ley que desde el 2003 regula la relación laboral del personal estatutario que presta servicio en el sector público de sanidad. La forma de aparición de este conflicto laboral sería difícil de entender sin tener en cuenta la situación de crisis sanitaria.

A la huelga de médicos, convocada del 9 al 12 de diciembre a nivel del Estado español reivindicando un Estatuto Médico propio, se le ha sumado una nueva convocatoria, hecha pública el 8 de diciembre, de huelga indefinida a partir del 27 de enero por parte de FSS-CCOO, SATSE-FSES, UGT, CSIF y CIG-Saúde, sindicatos presentes en el ámbito de negociación del Estatuto Marco. 

Estas reivindicaciones (diferentes entre sí, y a veces incluso contrapuestas) ponen en evidencia, por un lado, el desacuerdo generalizado de los trabajadores sanitarios respecto al contenido y a la forma en la que se quiere imponer esta reforma. Lejos de solucionar la crisis sanitaria, esta responde más a una maniobra del Gobierno de España para mantener a flote el sistema sanitario actual frente a la crisis capitalista, de tal forma que maquillan desmantelamiento y colapso sanitario y reestructuran los servicios, empeorando las condiciones laborales del sector. Por otro lado, dan muestra del hartazgo de los trabajadores del sector, que desde hace años sufren el continuo deterioro del sistema sanitario, con ninguna perspectiva a la vista de mejoría de la situación. Independientemente de la opinión que se pueda tener de estas huelgas (recomiendo los artículos de María Fuentes, donde analiza las reivindicaciones y su potencial político, entre otros en el artículo No a la guerra entre estamentos sanitarios o ¿Hacia dónde va la huelga de médicos?), es innegable que son diferentes formas de respuesta al continuo desmantelamiento de la sanidad pública y sus nefastas consecuencias, tanto para los trabajadores como para los pacientes.

En apenas cinco años, hemos pasado de los atronadores aplausos en los balcones al más absoluto silencio frente a las diferentes maniobras legislativas impulsadas por las administraciones para gestionar, o más bien maquillar, la crisis sanitaria. La pandemia y su nefasta gestión evidenciaron socialmente una realidad que ya conocían los trabajadores sanitarios y los pacientes más habituales: el modelo sanitario se encuentra ante una crisis sin precedentes. Este revuelo provocó que en los siguientes años la crisis sanitaria ocupara un papel central en la agenda y el debate político. Las últimas elecciones de la CAV (2024), por ejemplo, pivotaron en torno a la crisis de Osakidetza y el modelo de gestión sanitario. Esta preocupación social, lejos de convertirse en un vector importante de una oleada movilizatoria en contra de las nefastas consecuencias que está teniendo la crisis capitalista, ha sido absorbida institucionalmente mediante el Pacto de Salud en la CAV y el anteproyecto de Ley Foral de Salud en Nafarroa. Estas maniobras de ingeniería política han conseguido afrontar la crisis sanitaria con una notoria paz social. No obstante, en el próximo artículo, trataré de evidenciar la incapacidad de estas medidas para solventar de manera real los problemas del modelo sanitario capitalista.

Bajo el sistema capitalista la salud es dependiente de la lógica de la acumulación. El sistema sanitario capitalista, al ser totalmente afectado por las fluctuaciones de la ganancia, tiende a un colapso estructural, y en especial, la sanidad pública, ya que, para los estados, estructuralmente deficitarios y gobernados por la deuda, no es prioritario gastar sus recursos económicos para dar un servicio rápido y de calidad a la clase trabajadora. Y es que el acceso a la sanidad en el sistema capitalista está determinado por la posición de clase de cada individuo. Así, el modelo sanitario capitalista adquiere principalmente dos formas de expresión: la medicina privada diseñada para la burguesía y ciertas capas superiores de la clase media, y la sanidad pública, dirigida a la mayoría trabajadora, y enfocada en la reproducción de la fuerza de trabajo al menor coste posible. En cuanto a sus formas de gestión, la medicina privada está dirigida directamente por empresas privadas, y la sanidad pública por el estado capitalista y empresas privadas, las cuales conforman el modelo de colaboración público-privado actual. La salud también es un enorme mercado para la acumulación de capital: farmacéuticas, aseguradoras o empresas de tecnología médica se enriquecen en un sector que conforma el 11,28% del PIB del Estado español.

Además, nos encontramos ante una crisis de acumulación capitalista, que tiene como resultado una reconfiguración de su estructura política y social que, sin duda, afecta a la sanidad. Los estados de bienestar que cimentaron las bases para una sanidad pública en Europa comienzan a resquebrajarse, en un contexto en el que los estados están hundidos en deuda pública. Asimismo, la pérdida de relevancia como bloque imperialista y la inestabilidad geopolítica europea aceleran la necesidad de una reestructuración del estado.

La consecuencia política de todo esto es la pérdida de autonomía política real de los estados y su subyugación a mecanismos institucionales mediante los cuales la oligarquía financiera dicta su agenda. Podemos prever que en nuestro sector se agravarán cada vez más las consecuencias de un desmantelamiento sanitario que ya se está dando, puesto que el gasto estatal en materia improductiva tenderá a bajar relativamente. Frente a ello, las instituciones tratarán de realizar una transición hacia un sistema público más precario dirigido a la cada vez más cuantiosa clase proletaria. Esta transición se encuentra en una primera fase, en la cual diferentes administraciones deberán labrar un suelo jurídico adecuado para realizar dichas modificaciones.

Elemento central de la crisis sanitaria: la falta de personal

En este contexto el principal elemento que ejerce de núcleo de la crisis sanitaria es la falta de recursos, específicamente de personal. Esta situación es especialmente relevante en el caso de los médicos, aunque también se manifiesta en los demás estamentos como enfermería o TCAEs (Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería). Este problema tiene dos vertientes: por un lado, existe una falta estructural de personal sanitario, incapaz de atender a las demandas sanitarias de la población, y que afecta de forma general a todos los estados europeos. Por otro lado, tenemos las maniobras administrativas que están llevando a cabo diferentes instituciones públicas, para dar una salida a la falta de personal sin resquebrajar las bases de la sanidad capitalista.  El primer paso para esto es labrar el suelo jurídico que permita dar paso a diferentes fórmulas que puedan maquillar el desmantelamiento. Es en este sentido como debemos comprender el Anteproyecto Foral de Ley de Salud de Nafarroa y el Pacto de Salud de la CAV. 

Estas reformas ejercen de base legal para llevar adelante dos procesos, que a primera vista pueden parecer contradictorios, pero se alimentan entre sí. Por un lado, la centralización de recursos, que permitirá administrar de manera centralizada los insuficientes recursos de los que dispone la administración y por otro, una flexibilidad laboral que tiene como base la movilidad de los trabajadores, para atender aquellas zonas y sectores que se dejan sin recursos propios, puesto que las políticas de contratación priorizan flexibilizar el trabajo de las personas ya contratadas y, cuando se opta por contratar, se ofrecen contratos que tienen la movilidad total como base. Ejemplo de ello es que en muchos hospitales la unidad de enfermería con más personal sea la de pool o retén (estos trabajadores no tienen un lugar fijo de trabajo y van rotando por diferentes puestos para solventar la falta de personal). Para ello es posible que se eliminen barreras burocráticas, y que se pretenda dar autonomía en cuanto a gestión de recursos al departamento de sanidad. Es lo que ocurre en Nafarroa, por ejemplo, donde pretendían imponer un modelo "público empresarial", con el objetivo de quitar el estatus funcionarial a las nuevas incorporaciones, eliminando ciertas garantías y derechos en el sistema público de salud. Pese a que en última instancia y tras presiones se haya renunciado a este cambio de titularidad, siguen buscando fórmulas para aplicarlo de forma efectiva.

Esto trae consigo una pérdida de la calidad asistencial y un empeoramiento notorio en las condiciones de trabajo. Tal y como estamos viendo, esta centralización de recursos motivada por la falta de personal está trayendo consigo el cierre de servicios, dejando sin medios sanitarios a aquellas zonas que son más golpeadas por la desatención administrativa, como por ejemplo las zonas rurales o zonas periféricas-proletarias, reubicando a profesionales en otras áreas, y dejando vacantes puestos que impedirán el funcionamiento de estos servicios. Ejemplo de ello es la noticia que salió a la luz el 25 de octubre de este mismo año: ante la falta de médicos en Atención Primaria se plantea el cierre de varios SUR (Servicios de Urgencia Rural) en Nafarroa, dejando sin urgencias cercanas a miles de personas. También hay que mencionar los cierres o reconversiones de PACs (Puntos de Atención Continuada) o el desmantelamiento de hospitales comarcales, con falta de especialistas hospitalarios en dichos centros, como por ejemplo el reciente cierre de urgencias pediátricas o la falta de urólogos en el Hospital del Bidasoa, o la falta de ginecólogos en el hospital de Lizarra. Igualmente, este cierre de servicios va a ser víctima también de diversas jugarretas institucionales para maquillar el desmantelamiento. Lo ocurrido en Gasteiz con el PAC de San Martín es claro ejemplo de ello. Es posible que centros como PACs se acaben reestructurando para que en apariencia sigan funcionando pero con recursos limitados, sustituyendo médicos por enfermeras, por ejemplo.

Pero además, es posible, especialmente en los centros de atención primaria, que transicionemos hacia un modelo ya utilizado en diversos países europeos caracterizado por la auto-regulación de recursos por parte de los centros de salud. De esta manera son los propios centros quienes administrarían sus presupuestos. Este mecanismo de ingeniería política permitirá desplazar la responsabilidad frente a posibles problemas en materia laboral o de servicios del estado hacia entidades menores (centros de salud), incapacitando así la posibilidad de articular luchas a una escala mayor.

Habrá quien piense que este aumento de la carga de trabajo, junto al deterioro de la atención sanitaria, podría tender a un aumento en la conflictividad laboral del sector. Pero ante esto, las administraciones están realizando diferentes contra-tendencias que tienen por objetivo aumentar la estratificación del personal sanitario, ahondando en su división para impedir así una posible respuesta estructurada en torno a la unidad de clase. La noticia de que en Osasunbidea los sueldos de 11 médicos suman un total de 2,5 millones de euros fue muy significativa en ese aspecto, pero el problema es mucho más amplio. Muchos profesionales sanitarios (casi en su totalidad, médicos), realizan "peonadas", horas extras remuneradas de forma extraordinaria y con el objetivo de mejorar las cifras de listas de espera. Mediante estas disposiciones se genera un colchón político cimentado en las capas mejor remuneradas del sector, el cual permite dar el giro cultural que planean (la normalización de un deterioro progresivo de la sanidad) sin generar un mayor revuelo. 

Reformas y partidos políticos frente a la crisis sanitaria

Como hemos podido observar, los partidos políticos de las diferentes horquillas parlamentarias participan en las múltiples farsas en forma de ley que pretenden teatralizar una supuesta disposición a solventar la crisis sanitaria y lo que realmente hacen es diseñar o dejar el terreno libre a unos ajustes, que si bien no solucionan el actual problema, ponen las bases para normalizar un empeoramiento de la sanidad pública. 

La situación sanitaria era un problema de primer orden para el PNV y el PSOE en la CAV, y pese a la torpeza discursiva ocasional en tiempos de turbulencia política, ambos partidos han demostrado que son principalmente partidos de orden, capaces de realizar cambios políticos significativos en detrimento de la clase obrera.  El Pacto de Salud de la CAV ha sido una maniobra política inteligente del PNV, la cual ha conseguido desligar a los nacionalistas vascos como principales responsables del desastre en Osakidetza, y ha apaciguado una más que posible ola movilizatoria. Mediante su retórica, el PNV ha logrado generar un supuesto escenario de "pacto de país".

Tras ganar las elecciones con un margen mucho menor que en la anterior contienda electoral, y en el contexto de una crisis sanitaria, hicieron una apuesta por un cambio de imagen: sustituyeron a Gotzone Sagardui poniendo a Alberto Martínez al frente de la Consejería de Salud, otorgándole mucho eco mediático. Junto a ello, llamaron al Pacto de Salud, tratando de cambiar el foco del problema a "las soluciones". Esta apuesta del PNV, junto con la ayuda inestimable de EH Bildu, hizo que el PNV volviera a tener la iniciativa tanto política, decidiendo quién participaba y quién no en la mesa (las OPAS, plataformas por la salud pública y principal agente político en las movilizaciones, quedaron fuera) como discursiva (marcaba los tiempos y los titulares en medios de comunicación). Y así, bajo la promesa de posibles cambios estructurales en Osakidetza, han logrado institucionalizar el enfado de amplias capas de la población que podrían haber estado dispuestas a movilizarse en contra del desmantelamiento sanitario. Pero sobre todo, ha servido para poner en marcha una reestructuración en Osakidetza, de forma que responda a las necesidades de los gestores políticos y darle las características que definíamos previamente: asumir la menor cantidad de recursos como estado habitual de las cosas, y realizar reformas de cara a hacer viable una sanidad pauperizada e insuficiente.

Por otro lado, está la socialdemocracia, que tiene como principal caballo de batalla la defensa de la sanidad pública, pero ni se plantea la transformación de la sanidad capitalista a un modelo socialista. La socialdemocracia se demuestra incapaz de dar respuesta a las necesidades sanitarias de la clase trabajadora y de hacer frente a la crisis sanitaria por la sencilla razón de que sus causas no radican en un problema de gestión. Atribuye a la sanidad pública (cuyo significado real, como hemos visto, es la gestión público-privada del sistema de salud capitalista) elementos como universalidad o calidad, que son imposibles de realizar en una sociedad de clases basada en el beneficio de los capitalistas a costa de la clase trabajadora. Que en el imaginario colectivo la sanidad pública aún tenga esos elementos de universalidad y calidad (que nunca tuvo realmente) responde a un momento muy concreto de fase ascendente del beneficio capitalista en el continente europeo, basado en la competitividad industrial y la relevancia imperialista de sus estados, que ya no existen. Hoy por hoy, con un estado totalmente hundido en deuda pública, la socialdemocracia, por muy radical que se quiera vestir en sus formas, va a ser incapaz de solventar la decadencia del estado de bienestar, incluyendo la deriva de la sanidad pública.

Además, esa incapacidad no es solamente estructural, sino también una falta de voluntad real de cambio, ya que prioriza poder ser un "partido de gobierno", sin ninguna intención de tomar decisiones que pudieran afectar a la ganancia de los capitalistas. Los partidos socialdemócratas responden a unos intereses de clase determinados, los de la clase media, y por tanto, no tienen ningún interés en embarcarse en una lucha (aunque sea en el estrecho margen institucional) que pueda afectar a la ganancia capitalista, ya que pondría en peligro su posición de clase. Así lo demuestra cuando estando en la oposición clama en contra de la privatización, pero que cuando ha gobernado, no solo no ha llegado a realizar ninguna política que pudiera responder a sus reivindicaciones previas, sino que ha ahondado en las políticas de recortes y reestructuración, y ha profundizado en la colaboración público-privada. Lo hemos podido observar en Nafarroa, después de los diez años del supuesto "gobierno del cambio", donde los datos avalan nuestra tesis; por ejemplo, el gasto en conciertos con centros privados en Nafarroa pasó de unos 61 millones en 2014 a más de 100 millones en 2024, y así, clínicas como la CUN, San Juan de Dios o Médicis reciben cada vez más fondos públicos. También en investigación se observa un trasvase de recursos hacia entidades de carácter público-privado, como IdiSNA y el CIMA. Aunque a la socialdemocracia se le llene la boca con la defensa de lo público, ante esta situación, la única solución real para paliar la falta de accesibilidad real de la clase trabajadora a una sanidad de calidad implicaría, como mínimo, atacar la ganancia capitalista, socializando todos los recursos sanitarios disponibles. Pero morder la mano que les da de comer siempre fue una línea roja en la política capitalista, y así lo sigue siendo. Mientras tanto, el Opus sigue campando a sus anchas por nuestro país.

Conclusiones

En un contexto en el que la crisis sanitaria está atravesada por la falta de recursos, ya hemos dicho que una de las tareas de primer orden debería ser destinar todos los recursos existentes a una sanidad universal y accesible para la población. Pero, en lugar de eso, los diferentes partidos abogan por una reforma jurídica y cultural para normalizar una asistencia sanitaria cada vez peor para la clase trabajadora.

Por lo tanto, urge actuar de manera adecuada frente a la crisis sanitaria. La salud constituye una de las principales preocupaciones de la clase trabajadora y debe ser una demanda que le permita volver a ponerse en pie de guerra contra quienes hacen negocio con su bienestar. Solamente la clase obrera tiene un interés real en luchar por una transformación en profundidad del sistema sanitario, por un sistema sanitario universal y de calidad, imposible de realizar sin expropiar la ganancia de los capitalistas. La independencia política de los trabajadores es la única garantía de que sus aspiraciones no caigan en el saco roto de la socialdemocracia. Una socialdemocracia incapaz de realizar una transformación real del sistema sanitario, pero muy capaz todavía de subsumir reivindicaciones legítimas y necesarias en políticas partidistas e ineficaces, que generan impotencia y frustración en la clase trabajadora, mientras que en realidad son totalmente funcionales a las dinámicas de modernización del capital.