Matronas y ginecólogas de Cruces junto con Itaia han puesto el grito en el cielo para denunciar la situación del aborto en Osakidetza. Y parece que no es en vano, ya que este tema es un ejemplo más de la aceptación respecto al reparto de recursos sanitarios público-privados y de las consecuencias que eso implica.

Pongámonos en contexto. Según datos del Gobierno Vasco, en 2023 el 95% de los abortos realizados en la CAV fueron derivados a centros privados. En Navarra, ocurrió lo mismo con más del %60. Estos informes especifican que todos esos casos fueron costeados por la sanidad pública, independientemente de que se realizasen en clínicas, y podríamos hablar de un “doble eje público-privado”. Llama la atención que esto ocurra cuando más se ha hablado sobre la reforma de la Ley del Aborto de 2023, afirmando los partidos políticos del gorbierno que su proceso de reforma aseguraría un aborto público y de calidad. Y es aquí cuando prometen que podrán realizarse abortos en centros públicos, que se podrá elegir el método para detener un embarazo o que se harán públicas las listas de objetores de conciencia, entre otros puntos.

Pese a la ley, los gestores de la sanidad en Osakidetza aseguran que con el modelo de concertación ya se garantizan la gratuidad y la universalidad, y que esta nueva reforma implica una “invasión a las competencias en materia sanitaria de nuestra comunidad”. Esta pelea sobre quién mantiene el control de ciertas decisiones sanitarias poco tiene que ver, sin embargo, con la búsqueda de bienestar de las pacientes que solicitan un aborto voluntario. Lejos de estar defendiendo los servicios sanitarios para mejorar las condiciones de vida y garantizar dichas cualidades, lo que se ha debatido con esta ley es la mera titularidad y aplicación de la gestión del estado con claros intereses económicos respecto al tema.

Un buen ejemplo de dichos intereses económicos sería la falta de rigor científico a la hora de informar a la paciente sobre la decisión de realizar un aborto farmacológico o uno quirúrgico. Según datos oficiales en el Estado español, se recurre más al método instrumental quirúrgico, siendo en el 2011 el 90% y en 2020 el 76%. En las clínicas privadas, con las respectivas concertaciones de la administración pública, la mayoría de las intervenciones se hacen de forma instrumental, al contrario de lo que ocurre en los pocos centros de titularidad pública donde sí realizan el aborto farmacológico. De todas formas, todas estas cifras probablemente no sean precisas, ya que ningún informe oficial contiene datos específicos sobre la identificación de métodos realizados en la privada. Por lo tanto, lejos de promover que la paciente obtenga la capacidad de elegir el método que mejor se adapte a sus circunstancias (ya sea por los efectos adversos como el dolor y otras complicaciones, seguridad, efectividad, requerimiento de controles post-intervención…) e impulsar una investigación científica que se desarrolle en busca del bienestar, parece que todas estas decisiones se impulsan dependiendo de qué método puede dar mayor beneficio económico. Se priorizan, de esta forma, inversiones en investigación según los intereses empresariales, utilizando un discurso sanitario intervenido como autoridad técnica para imponer decisiones que poco tienen que ver con los intereses de la población general.

Otros ejemplos que expondrían la gravedad de la situación podríamos encontrarlos en los testimonios que han recogido las trabajadoras y las pacientes: imposibilidad de un seguimiento de la paciente que realiza el procedimiento en próximas consultas, los obstáculos burocráticos que tienen que asumir las mujeres inmigrantes o las residentes en otras comunidades o la criminalización por abortar entre otras, siendo el máximo exponente de ello que, pese a la ley, los grupos antiabortistas sigan organizando concentraciones con total impunidad cerca de las clínicas privadas o que no se mantenga la confidencialidad total de las pacientes. Dicho esto podríamos afirmar que ni todos los aspectos de la ley se cumplen, ni los que se cumplen condicionan en esencia la universalidad ni el requisito de calidad del que hablamos.