(Traducción)

«Continúa la ofensiva contra la ocupación», de esta manera comienza la declaración publicada recientemente por Erraki. De hecho, los ataques a los Espacios de Control Obrero se han convertido en habituales, poniendo en jaque su supervivencia. Como se denunció en el curso político anterior, la ofensiva contra la ocupación tiene varias caras, entre ellas la cultural, la policial y la jurídica. En un contexto de crisis, enmarcamos esta ofensiva en el cambio y reestructuración social que la dinámica de capital requiere en la apertura de una nueva fase de acumulación. Precisamente en el seno de la ofensiva social y política emprendida por la burguesía.

En estas circunstancias, la Covid19 ha servido de excusa para dar pasos en la tendencia hacia una reforma jurídica y política totalitaria del estado. El ordenamiento jurídico se derogó de un día para otro con la implantación del Estado de Alarma. Con ello se establecen sistemáticamente políticas de excepción: toques de queda, confinamientos perimetrales o supresión del derecho a la libre circulación, vulneración de los derechos de reunión y manifestación e inviolabilidad del domicilio.

La ideología del virus ha servido para justificar la aplicación de políticas de excepción. Esto ha abierto la posibilidad de preparar el escenario más adecuado para la dominación de la burguesía en el citado escenario de reestructuración. Aunque lo hemos mencionado repetidamente, el mayor peligro de todo esto es la implantación de un marco jurídico y político totalitario. Ejemplo de ello es el texto escrito por Xermin Etxeberri en Arteka, publicado en junio, en el que se explica que el Estado francés se haya servido de una situación excepcional para darle una transformación y modernización jurídica. En este caso, la medida impuesta en el estado de excepción del año 2015, una vez agotado el estado de emergencia, hizo que estas medidas se cristalizaran en el marco de la ley antiterrorista que entró en vigor en 2017.

En ese sentido hemos visto un sinfín de ataques, prohibiendo, obstaculizando o condicionando la actuación en el ámbito de los Espacios de Control Obrero (ECO). Hasta ahora existía una aceptación tácita sobre los gaztetxes y espacios ocupados. Es decir, había permisividad para ocuparlos y utilizarlos. Es más, para la burguesía un ECO no supone de facto un peligro. Por eso, en el seno de la mencionada ofensiva, creemos que esa aceptación tácita podría ir desapareciendo. Junto al empeoramiento de las condiciones generales del proletariado (encarecimiento de la vida, paro crónico, normalización de los contratos temporales), además de ataques sistemáticos, estamos sufriendo la desaparición de mecanismos para defendernos de ellos. Por ejemplo: ahora por organizarse contra un desahucio y dar una respuesta contundente nos enfrentamos a multas de 30.000 €. También asciende a 20.000 € las multas por la lucha por conseguir una sala para la organización política en la Universidad, la libre presencia de la Ertzaintza por los campus, la identificación de decenas de miembros por la organizar actos públicos en los gaztetxes, los continuos intentos de regular o restringir el uso de los ECO, los desalojos de Leninen txokoa o el Centro Socialista de Gasteiz, etc. Como se ha dicho, además de empeorar las condiciones generales de vida, se están anulando todas las condiciones de lucha. Como se ha mencionado, el riesgo de todo esto es el establecimiento de una realidad (marco jurídico y político) que viene para quedarse.

La política burguesa tiene derechos formales y reales de hacer política. Tiene garantizadas las capacidades materiales y económicas para hacer política. Si algo nos ha enseñado la pandemia ha sido que si estamos subordinados a políticas institucionales esos derechos estarán garantizados. Es decir, que todo el que se someta al programa histórico de la burguesía tendrá garantizadas las condiciones para hacer política. Por el contrario, lo que se sitúa fuera de él (una gran mayoría de la sociedad en el seno del sistema capitalista) es directamente expulsado. Anulan las opciones políticas del proletariado porque no se subordinan a los intereses de clase representados en el parlamento. Aún podemos decir más, cuando el proletariado ha adquirido derechos políticos, ha sido a causa de las relaciones de fuerza de clase. Es decir, ha reforzado sus capacidades de clase a través de una organización independiente.

Ahora que se van anulando las condiciones para la lucha, podemos fijarnos en que los derechos son formales para un gran sector de la sociedad, pero no tienen por qué ser reales. Son, al fin y al cabo, concesiones de la burguesía. Y puede retirarlos por decreto, en los mismos términos que los dictó. Por eso decimos claramente que para hacerlas efectivas el proletariado necesita organización, debe seguir adquiriendo cuotas de poder en la relación de fuerzas. Lo mismo podemos decir en cuanto a financiación. El proletariado debe adquirir por sí mismo las condiciones para hacer política, por ejemplo un espacio donde reunirse. Porque no puede pagarlo. De ahí que muchas veces accedan a los espacios mediante acciones de fuerza.

Teniendo en cuenta lo anterior, no podemos limitarnos a denunciar o defender las violaciones de los derechos que nos ofrece el Estado. Porque los derechos políticos son para nosotros, además del conjunto de concesiones que nos da el estado, las posibilidades reales de hacer política en las calles. Es decir, con la disciplina de la organización comunista estos derechos pueden ser aprovechados para defender los intereses del proletariado: la capacidad real de imponer decisiones.

Por lo tanto, la lucha por los derechos políticos es necesaria como primera condición que el proletariado necesita para defender sus intereses. Siempre entendiendo que los derechos civiles y políticos que en estos momentos son atacados son burgueses. Por lo tanto, no podemos limitarnos a ellos porque nuestro objetivo es la conquista de la Libertad Política del proletariado en vez de una vuelta a la situación anterior a la pandemia. Para ello, en vez de defender los ECO a pequeña escala, tenemos la necesidad de acumular fuerzas a una escala cada vez mayor a través de la solidaridad organizada. En lugar de responder a cada ataque con las capacidades de cada lugar aisladamente es el momento de afrontarlo con unidad. Es decir, no sólo seguir resistiendo en defensa de los espacios. Más que nunca es el momento de defender y abrir espacios. Porque a través de ella se van realizando efectivamente los derechos políticos del proletariado. Porque los espacios adquiridos por la fuerza proletaria organizada son necesarios para seguir desplegando la organización comunista.