Este 28 de octubre hemos visto a nuestra ministra de sanidad Mónica García salir a la palestra para anunciar un "aborto sin barreras" por motivo del Día Internacional del Aborto. Y éste solo ha sido el pistoletazo de salida para que la prensa comenzase a promocionar las nuevas medidas para la CAV: "¡Extra! ¡Extra! ¡Por fin nos comprometemos a no privatizar el aborto!". De esta forma pretenden llevar a la pública la interrupción voluntaria del embarazo de forma medicamentosa, a priori, de menos de diez semanas de gestación.
Para empezar, que las instituciones sanitarias anuncien estas medidas en prensa como propaganda política antes siquiera de hablar con el personal sanitario para estructurarlo, organizar la formación y generar protocolos supervisados y unificados puede impresionar de chapuza. Ya que esto solo deja en evidencia la falta de voluntad real para una asistencia de calidad, además de un claro lavado de cara respecto a la vergonzosísima situación de que el aborto aún esté privatizado a pesar de que desde hace años, con dos olas feministas de por medio, nos llenemos la boca de derechos reproductivos de las mujeres.
Y es que aunque sea una medida que parece avanzar hacia la universalización del derecho al aborto, no sigue siendo más que otro parche más de este sistema sanitario colapsado que funciona mediante la colaboración público-privada. ¿Qué pasa con los casos que no entran en las diez semanas? ¿Todavía vamos a seguir discutiendo que casos sí y que casos no?
Queremos un aborto universal, de calidad y gratuito y eso se traduce en socializar todos los servicios que da la privada en beneficio del paciente. Sin intereses económicos de por medio, sin excepciones sobre los derechos reproductivos. Es ahí cuando destruiremos todas las barreras.
