La ofensiva contra el Control Obrero sobre los espacios bajo el paradigma de la «okupación»

2020ko irailaren 17a

Egilea: Ibai Julian


Estas últimas semanas hemos sido testigos de cómo se ha intensificado la permanente ofensiva política, jurídica y mediática contra la ocupación. Prueba de ello son, entre otros, las iniciativas de algunos partidos políticos con nuevas propuestas de ley, así como los reportajes alarmistas que han difundido varios medios de comunicación. En este contexto, parece pertinente realizar una crítica hacia la campaña en cuestión. Pero, dado que la campaña actual solo es un capítulo más de toda una ofensiva contra la ocupación que viene de lejos, advierto al lector que en el siguiente texto no va a encontrar un análisis exhaustivo, concreto y empírico de ningún tipo, sino una aproximación abstracta a una serie de cuestiones que a mi parecer son determinantes para comprender a que responde la permanente ofensiva política, jurídica y mediática contra la ocupación.

Contenidos de la campaña

Las políticas que mencionábamos arriba, aquellas que alertan sobre el aumento del fenómeno de la ocupación en estos últimos años, denuncian que el actual marco jurídico no es lo suficientemente contundente como para hacer frente a lo que se ha convertido, según ellos, en un problema social de primer orden. Lo que reivindican en líneas generales es lo siguiente: por un lado, mayor contundencia en el castigo para con todo aquel que rompa con el sacrosanto derecho a la propiedad privada, endureciendo para ello las penas de cárcel por delito de usurpación. Por otro, reformas jurídicas que agilicen los procesos de desalojo, por ejemplo, dando competencias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para actuar inmediatamente cuando sea necesario, evitando así los largos y costosos procesos judiciales a los que supuestamente están expuestos los propietarios para recuperar su espacio. No obstante, además de las reivindicaciones mencionadas, hay otro elemento que ha caracterizado esta última campaña contra la ocupación: la criminalización. Esta última se sostiene sobre la base de un análisis manipulado de la realidad. Veámoslo más detenidamente:

Dicho en pocas palabras, denomino aquí criminalización al hecho de crear una imagen oscura, delictiva y mafiosa de los sujetos que ocupan un espacio, metiendo en el mismo saco y marcando con la misma etiqueta a casos jurídica, política y socialmente muy diferentes: okupas. Como veníamos diciendo, la criminalización se articula sobre la base del falso relato que difunden sistemáticamente distintos medios de comunicación. La falta de compromiso hacia la verdad es una constante en las manipuladas noticias de estos. Se genera una caricatura del fenómeno de la ocupación, construyendo una imagen interesada que no corresponde con la realidad. Los conflictos convivenciales entre vecinos y OKUPAS en mayúscula; la interesada tergiversación de datos estadísticos, presentando la ocupación con datos inflados mientras los de la enorme cantidad de vivienda vacía parece no interesar; la sobredimensionada centralidad que se da a las «miles y miles» de mafias que ocupan viviendas con ánimo de traficar con drogas, o aquellos que trafican con la vivienda misma, abriendo casas y vendiendo la llave al mejor postor; el reportaje a la anciana que lleva años sin poder recuperar su casa, porque fue ocupada mientras iba a comprar el pan; etc. Todos estos ejemplos no son sino elementos constitutivos de un marco de comprensión sobre el fenómeno de la ocupación, un marco que ha sido construido conscientemente, que esconde unos intereses determinados y que nada tiene que ver con la realidad.

La actualidad del marco jurídico-legal sobre la cuestión de la ocupación: la vulnerabilidad del propietario.

Si uno se pone a leer el periódico o a ver el telediario, parece que el propietario de un espacio está completamente desprotegido por la ley ante la plaga de ocupaciones. En el siguiente apartado expondré la actual legislación del marco jurídico-legal en torno a la ocupación, con el objetivo de desmentir la supuesta vulnerabilidad de los propietarios, pues nos encontramos en un sistema judicial en el que no es precisamente el propietario el que esta desamparado, sino el ocupante.

Comencemos con la vía penal. El delito de usurpación está vigente en España desde la reforma del Código Penal de 1995. Si a alguien le ocupan un espacio de su propiedad, se tiene derecho a meter una denuncia en los juzgados e iniciar un proceso judicial. Por esta vía, si el propietario mantiene la denuncia y su voluntad de desocupar el espacio no desaparece, el desalojo suele realizarse entre seis y diez meses de media desde el momento en el que se inicia el procedimiento judicial. Aquí, a modo de paréntesis, debemos de aclarar lo siguiente: el delito de allanamiento de morada (artículo 202.1 del Código Penal) y el delito de usurpación (artículo 245.2 del Código Penal) no son lo mismo. Existe una diferencia fundamental: si el espacio que se ha ocupado es el domicilio habitual de alguien, ya sea primera o segunda vivienda, el delito no es de usurpación sino de allanamiento de morada. Por ende, para que el acto sea considerado usurpación, la ocupación ha de realizarse en un espacio vacío, en desuso, que no constituya morada de nadie. Esta distinción tiene implicaciones que no debemos descuidar:

El allanamiento de morada se castiga con más dureza, pues conlleva una pena de cárcel de seis meses a dos años. En cambio, el delito de usurpación se castiga con penas de tres a seis meses de multa, que tampoco es que sea precisamente moco de pavo. Además, ante un caso de allanamiento de morada la policía tiene competencias para actuar inmediatamente y desocupar el espacio. Por lo tanto, demostrado queda que los reportajes que juegan con el miedo de las familias a irse de vacaciones o a bajar a comprar el pan, lo que socializan realmente son mentiras, no verdades.

Por si fuera poco, el procedimiento penal, al propietario aún le queda el amparo de la vía civil. En el año 2018 se reformo el código civil y se aprobó la Ley 5/2018, más conocida como «ley anti-okupa» o «ley del desahucio exprés», la cual supone una doble innovación. Por un lado, posibilita el desalojo de un bien inmueble en tan solo cinco días, siempre y cuando el ocupante no demuestre que la vivienda es de su propiedad (lo que viene a ser imposible) y el propietario sea un particular. Por otro, posibilita tramitar una demanda a los «ignorados ocupantes», esto es, abrir un procedimiento judicial sin la necesidad de identificar a ninguna persona física para ello.

Con todo, además de las garantías judiciales que el actual marco jurídico-legal ofrece al propietario para desocupar un espacio, también existen mecanismos extrajudiciales. Nos estamos refiriendo a los mecanismos paraestatales que complementan las limitaciones de la ley: empresas privadas de corte fascista que ejecutan las desocupaciones que al aparato judicial del estado se le acaban atrasando. Entre los servicios que ofrecen estas empresas, uno de ellos consiste en la desocupación de un espacio en menos de una semana, a cambio de una cuantía cada vez más asequible para los bolsillos de los propietarios.

Una vez expuesto brevemente las características de la ley que penaliza la ocupación, y una vez siendo conscientes de la maquinaria represiva de la que dispone el propietario para desocupar un espacio, ¿alguien sigue creyendo que es necesario agilizar los procedimientos y endurecer las penas? Pues bien, aunque hoy no venga con ninguna propuesta programática ni vaya a lanzar al aire ninguna reivindicación concreta sobre el asunto, sí que se puede subrayar lo que no es más que una evidencia: si la ley en torno a la ocupación necesita de alguna reforma, esta debería de correr en sentido contrario al marco jurídico actual y las nuevas propuestas de ley «anti-ocupación», esto es, debería de garantizar los derechos del sujeto que está realmente desamparado ante la ley, el ocupante. 

Funciones e intereses:

Identifiquemos ahora, grosso modo, cuáles son los intereses que subyacen a la ofensiva en cuestión, para poder aproximarnos a la racionalidad que lo vertebra. Tenemos, por un lado, el interés económico y, por otro, el político. Dentro de este último distinguiremos entre una función general de carácter estructural, inherente al sistema capitalista como tal, y un interés partidista, particular. Comencemos:

En primer lugar, la ocupación es un obstáculo para las empresas e instituciones que se configuran en torno al mercado inmobiliario. Es decir, es un fenómeno que incide negativamente en la dinámica del sector económico, condicionando los niveles de rentabilidad que distintos agentes extraen del mismo. Por ejemplo, para los grandes propietarios y especuladores profesionales, más conocidos como fondos buitre, los ocupas son un grave problema que obstaculiza la fluidez de la compra-venta de inmuebles, un factor que causa considerables pérdidas económicas en procesos de especulación. También tenemos en la misma línea a distintos fondos de inversión, rentistas, entidades financieras, etc., a los que les interesa que el fenómeno de la ocupación disminuya lo mayor posible. En segundo lugar, tenemos a empresas que se lucran directamente de la campaña contra la ocupación. Tenemos como ejemplo a negocios de cerrajería, aseguradoras, empresas de alarmas y seguridad privada, empresas parapoliciales que se dedican a desocupar inmuebles, etc., que han disparado sus ganancias en los últimos años gracias al aumento del pánico social hacia la ocupación.

Sin embargo, las grandes empresas y las entidades financieras no son las únicas que extraen beneficios del mercado inmobiliario. Como bien señala Emmanuel Rodríguez en su último artículo, la sociedad española es propietarista hasta la medula. «La propiedad de vivienda ha cubierto históricamente el déficit del Estado del bienestar. El acceso a la vivienda en propiedad fue la gran apuesta del franquismo social y estuvo, a su vez, en la línea de continuidad con el éxito económico de la democracia. Ninguno de los dos grandes periodos de expansión económica en democracia (1985-1991; y 1997-2008) se entienden sin las sendas burbujas inmobiliarias que multiplicaron el precio de la vivienda, impulsaron la deuda hipotecaria y generaran expansiones notables del consumo doméstico. La prosperidad en este país está vinculada al juego inmobiliario, juego en el que participa una parte mayor de la población. Basta reconocer que la seguridad última de las clases medias, además de en el empleo público, está sostenida en la seguridad de su patrimonio […]» [1].

La clase media propietaria como sector social que extrae rentas mediante la especulación o la puesta en alquiler de bienes e inmuebles sigue siendo una parte considerablemente amplia (por lo menos en el estado español, y, por ende, en Hego Euskal Herria). Valga el siguiente dato para hacerse una idea de la centralidad que ha tenido la propiedad de bienes e inmuebles en la economía de las familias en el estado español: en 2008 el 87 % de los hogares disponían de una vivienda en propiedad. Dicho esto, creo que a pesar de que el proceso de proletarización está destruyendo progresivamente las condiciones sobre las cuales se levantó dicha «sociedad de propietarios», es aquí donde encontramos una de las razones principales por la que la campaña contra la ocupación ha tenido tanto arraigo social. Dicho en otras palabras, postulo que el papel determinante que ha jugado la propiedad de bienes e inmuebles en la estructura económica domestica es la base material, la principal razón, por la que la campaña «anti-ocupación» ha tenido tanto éxito. 

Pasemos ahora a analizar el ámbito político. Como decíamos, detrás de las políticas «anti-ocupación» se esconden intereses partidistas por un lado, y una función general de carácter estructural por el otro. Con el primero hacemos referencia al interés que tienen los partidos políticos como PP, PNV, Vox, C’s, etc, en configurar un marco programático y discursivo mediante el cual confrontar con las políticas urbanísticas y de vivienda que se vayan proponiendo desde el Gobierno de Coalición. Hablamos del interés en arrastrar y desplazar a la mayor parte posible del electorado hacia sus respectivas posiciones. Teniendo en cuenta que como veníamos diciendo la estructura económica española históricamente se ha sostenido sobre la base de un numero de propietarios muy elevado y que, además, el número de personas que empatizan moralmente con el supuesto calvario que están viviendo miles de pequeños propietarios es considerable, la propuesta de endurecer las penas de cárcel y agilizar los procesos judiciales puede ser una maniobra electoral inteligente por su parte. En cambio, con el segundo punto no hago referencia al interés de un partido político u otro, sino a la función general de carácter estructural que cumple la defensa política de la Propiedad Privada. La lucha contra la ocupación es la punta de lanza de toda una legitimación social y cultural de la Propiedad Privada y sus principios: la igualdad y la libertad. Transciende así el marco particular del Control sobre el Espacio, para convertirse en una herramienta de trabajo que alimenta ideológica, cultural y políticamente la dominación general de clase de la burguesía sobre el proletariado. También transciende, como apuntábamos, el interés particular de un partido político u otro, pues la defensa de la Propiedad Privada es un fundamento constitucional del actual estado de derecho, cuya legitimidad todos los partidos del orden burgués aceptan, reconocen y defienden.

Estas funciones e intereses son las razones o los fundamentos de la ofensiva política, jurídica y mediática contra la ocupación. No obstante, lo dicho hasta ahora no es más que una aproximación abstracta y muy general sobre lo que deberá ser estudiado con detenimiento, puesto que a lo que debería tender la investigación y lo que es realmente importante es la comprensión de la composición y la jerarquía real de las fuerzas e intereses que actúan, en forma de instituciones, en la lucha por el Control sobre los Espacios.

La ocupación como fenómeno social:

Antes de empezar, me veo obligado a hacer una aclaración. Hay que distinguir entre la ocupación de un espacio con fines políticos o para la satisfacción de necesidades sociales por un lado, y la ocupación de un espacio como medio para especular, extorsionar y realizar cualquier actividad destinada a la obtención de beneficios económicos privados por el otro. Si bien cuando hablo aquí de la ocupación como fenómeno social también se hace referencia a los segundos, en ningún caso se pretende dar ni legitimidad ni apoyo a aquellos que ocupan con otro final de la satisfacción directa de necesidades sociales o políticas.

Aunque desarrollar el análisis sobre la ocupación como fenómeno social es crucial y de gran interés, en estas líneas me limitare a subrayar un apunte de carácter general: la ocupación seguirá existiendo en tanto en cuanto no se acabe con el régimen de la propiedad privada y la sociedad de clases.

Pensar que dentro de la sociedad capitalista el conjunto del proletariado puede llegar a mantener el nivel de vida por encima del umbral del bienestar eternamente, o más fácil, pensar que el proletariado puede, como norma general, vivir bien dentro del capitalismo, es desconocer las leyes fundamentales del modo de producción capitalista y sus inevitables consecuencias. El modo de producción capitalista tiende a la pauperización absoluta del proletariado. Por más que puedan darse ciclos de prosperidad, por más que se oscile entre políticas de corte liberal y políticas que apuesten por la protección social, el proletariado seguirá tendiendo a ser progresivamente excluido de los medios de vida necesarios para su reproducción. Así sucede, por ejemplo, cuando se le deniega el acceso al uso de los recursos espaciales para la satisfacción de sus necesidades.

En la medida que el proceso de proletarización avanza y cada vez más y más capas de la sociedad caen en situación de pobreza se ponen las bases para que el número de ocupaciones aumente. El fenómeno de la ocupación, pues, por más que los medios de comunicación no nos lo presenten así, está estrechamente ligado al desarrollo de las condiciones económicas. Veámoslo más de cerca. En estos últimos años las denuncias por ocupación han aumentado. Es un hecho. Según datos de la Fiscalía General del Estado, entre 2007 y 2014 el número de diligencias previas anuales por usurpación de un bien inmueble aumentó desde 4.906 a 19.336 en el Estado Español, esto es, se cuadruplicó. Según las estimaciones de la PAH, entre septiembre de 2014 y agosto de 2015 unas 15.888 familias entraron a vivir en un piso sin autorización de su dueño en la Comunidad de Madrid. Estos datos nos muestran que desde que irrumpió la anterior crisis financiera el número de ocupaciones se ha disparado. Con todo, cabe destacar que las denuncias por usurpación que el Ministerio del Interior ha registrado en los primeros seis meses del 2020 no suponen un incremento considerable respecto a los datos del 2019. Es decir, que no se puede sostener que haya una correlación directa entre el aumento de la ocupación en este último año y la intensificación de la campaña política, jurídica y mediática contra la misma. De todos modos, hoy por hoy seguimos sin disponer de suficientes datos que estén actualizados y sean fiables, por lo que en realidad es difícil determinar la magnitud del problema.

Pues bien, al parecer no somos los únicos que identificamos la causa de la ocupación en las condiciones económicas y la pobreza, pues también algunos miembros del Gobierno de Coalición se han manifestado en esta línea últimamente. Así lo ha hecho saber en su último artículo Eva Bravo, portavoz de vivienda por el grupo parlamentario socialista en el congreso. De hecho, también propone solución: para acabar con la ocupación hay que acabar con la pobreza y ampliar el parque público de vivienda. Pero, y volviendo al punto anterior, ¿es posible acabar con la pobreza dentro del sistema capitalista? ¿La pobreza no es más bien un fenómeno estructural e inherente al mismo? ¿Puede ser la ampliación del parque público de vivienda una salida efectiva para acabar con la ocupación como sostiene el Gobierno de Coalición? ¿Existen condiciones dentro del contexto de crisis actual, en el que el estado español ha vuelto a ser rescatado y endeudado más aún si cabe, para destinar la partida presupuestaria necesaria a ofrecer un techo con garantías a los cientos de miles de familias que están en situación de necesidad? En suma, ¿se sigue creyendo en el Estado del Bienestar? Dejemos que el propio transcurso de los siguientes meses responda a estos interrogantes, ya que, con la que nos viene encima, es más que probable que la falsedad de las promesas electorales de los partidos que gobiernan quede en evidencia.

Lo que si podemos afirmar con rotundidad es que mientras siga habiendo en España más de 160 desahucios al día (según datos del Consejo General del Poder Judicial) la ocupación de viviendas vacías será la única alternativa para miles de familias en situación de pobreza y sin ninguna alternativa habitacional con garantías. En pocas palabras: cuanto más avance el capitalismo, más aumentara la pobreza; cuanto más aumente la pobreza, más aumentaran las ocupaciones. A saber: mientras halla capitalismo, habrá desalojos, y, en consecuencia, ocupaciones.

Con todo esto no se quiere transmitir desanimo, ni mucho menos darlo todo por perdido ante los desalojos o la ofensiva contra la ocupación. Más bien lo contrario. Lo que se quiere transmitir es que la única solución real para acabar para siempre con la ocupación como fenómeno social pasa por un proceso de lucha que transcienda el marco de relaciones capitalistas. A saber, un proceso de lucha ligado a la abolición del sistema capitalista y la instauración de una sociedad sin clases. Acabar con la apropiación privada del producto social y realizar la socialización de los medios de producción. He ahí las claves estratégicas sin las cuales todo proceso de lucha está destinado al fracaso de antemano.

El carácter político de la ocupación:

Como bien apuntábamos en el apartado donde analizábamos el actual marco jurídico-legal, el delito de ocupación, jurídicamente categorizado como usurpación, se comete cuando se ocupa un espacio que no constituye morada de nadie, es decir, cuando el espacio está vacío y en desuso por parte del propietario. En muchas ocasiones el estado de abandono del espacio ha sido utilizado como principio de legitimación de la ocupación. Se hace de la necesidad virtud. Lo que en esos casos da sentido a la ocupación no es el carácter revolucionario del acto, sino la falta de uso del espacio, su estado de abandono. Pues bien, la función estratégica de la ocupación no es la de revivir espacios muertos o reconstruir espacios que se caen a pedazos (lo que se ha llegado a denominar como Ecología Urbana por parte de sectores arraigados a las experiencias de la ocupación en la segunda mitad del siglo XX, caracterizando la ocupación de espacios vacíos como medio de reciclaje y reconstrucción de lo que el capital va dejando muerto y abandonado), se trata precisamente de lo contrario. El objetivo, el fin de la acción, es tomar el control sobre grandes recursos y espacios territoriales, funcionales, productivos, nuevos, céntricos, e integrarlos como medios de infraestructura en la división socialista del trabajo. Y, fundamentalmente, se trata de expropiar lo expropiado, de recuperar lo que se nos ha arrebatado. En este sentido la ocupación no es sino una herramienta legitima como medio de expropiación de la totalidad social. El principio de legitimidad de la ocupación, pues, no es el estado de abandono del espacio, sino la condición de clase del proletariado, su condición de no-propiedad. Alberguen una función social o no, tengan uso o no, todos los espacios deben de estar bajo el control directo del proletariado organizado como clase independiente, y no controlados por la burguesía bajo el principio clasista de la Propiedad Privada (ya sea esta empresarial/financiera o publico/estatal). Mientras un espacio este bajo el Control del Capital, será objeto de expropiación. Sin excepciones. No obstante, lo dicho hasta ahora no excluye la posibilidad de utilizar, en el plano de la táctica, el estado de abandono del edificio como elemento de legitimidad, sobre todo allí donde la correlación de fuerzas tiende a ser desfavorable. 

Ahora bien, si lo único que separa al proletariado de realizar un acto de expropiación son las probabilidades reales para llevarlo a cabo, entonces corresponde hablar de la manera en la que el proletariado puede articular la capacidad, la fuerza, para desarrollar un proceso de expropiación efectivo y a cada vez mayor escala. He aquí mi punto de vista: si se sigue ejerciendo la ocupación de una manera aislada, espontanea y/o local el proceso de expansión y desarrollo de los Espacios de Control Obrero se verá duramente limitado. La condición de posibilidad para garantizar, ya no solo el desarrollo ulterior, sino por lo menos la supervivencia de los espacios que se van expropiando es la construcción de la organización política independiente del proletariado, pues esta es la única vía para articular la fuerza política que se presente capaz de confrontar la totalidad del poder burgués. En efecto, la instauración del control obrero sobre un espacio dado, la apertura de un nuevo Espacio de Control Obrero, no debe reducirse a un acto aislado e inofensivo, sino que debe alinearse como un momento del proceso general de la toma de control del territorio en su conjunto; o lo que es lo mismo, como parte del Estado Socialista en construcción.

A modo de conclusión:

La ofensiva política, jurídica y mediática contra la ocupación debemos de comprenderla como lo que realmente es: una ofensiva contra el Control Obrero sobre los Espacios bajo el paradigma de la «okupación». La «okupación» como acto local, espontaneo y/o separado de la organización independiente del proletariado no supone ninguna amenaza para el capital. Por ello, es conveniente relativizar la ofensiva política contra la misma. En cambio, la ocupación, ya no como lo funcional al capital, sino como amenaza real, como modalidad de expropiación de la totalidad social, es un derecho legítimo del proletariado. Pero no solo eso. La ocupación, ante todo, además de una necesidad táctica, es un acto de justicia histórica.

Queda por delante mucho trabajo por hacer. Recomponer el carácter político de la ocupación, conectarlo con las funciones estratégicas que históricamente ha cumplido dentro del Movimiento Obrero Revolucionario, adecuarlo a las exigencias que la lucha de clases nos presenta en la actualidad, etc., etc., etc. Únicamente el trabajo permanente de las organizaciones que trabajan en esta dirección podrá resolver estas cuestiones. En este sentido, opino que alimentar y fortalecer organizaciones como Erraki, red de defensa de Espacios de Control Obrero de Euskal Herria, es el camino a seguir. Un camino que, dicho sea de paso, no tiene atajos.

 

[1] ¿Qué hay detrás de la campaña contra la ocupación? Emmanuel Rodríguez